Noticias

El Síndic alerta sobre la necesidad de incrementar la vivienda pública y mejorar la coordinación entre las administraciones para proteger a los colectivos vulnerabilizados, especialmente a los menores

En los últimos años, el Síndic sigue recibiendo un número importante de quejas derivadas de la situación de falta de vivienda, entre las cuales se encuentran muchas familias con menores a cargo.

Las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica empujan a menudo a muchas familias a la falta de pago de alquileres o cuotas hipotecarias que acaban derivando en procesos de desahucio. Ante la situación de pérdida inminente de la vivienda, se inicia la solicitud de una vivienda social, con un precio de alquiler asequible, bien a la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña (Mesa de emergencia de Cataluña), bien a las mesas de emergencia locales en los municipios que disponen de dicho servicio. Si la valoración de la correspondiente mesa de emergencias es favorable, la persona o la familia entra en una lista a la espera con el objetivo de que se le asigne una vivienda compatible con las necesidades del núcleo familiar. Estas listas, sin embargo, cada vez son más largas no solo por la insuficiencia del parque público de vivienda sino también por la evidente situación de emergencia habitacional que se vive en el país. En la mayoría de casos, el tiempo de espera para la adjudicación de la vivienda supera ampliamente un año.

A pesar de que la casuística es muy variada, del análisis de las quejas el Síndic ha detectado algunos rasgos comunes, tales como disfunciones y carencias importantes en la coordinación administrativa que cabría resolver de manera inmediata.

En un caso estudiado que afectaba a una familia de l'Hospitalet, la Administración municipal derivó la responsabilidad a la Agencia de Vivienda de Cataluña y esta, a su vez, recordó que la familia vive en un municipio que dispone de mesa de emergencias propia y que la Agencia ya había cedido a este municipio varios pisos del parque público. En Barcelona ciudad destaca el caso de una familia monoparental y víctima de violencia que entró a ocupar un piso vacío de la Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona. Desde los servicios sociales municipales se pidió detener el desahucio que se había solicitado, como medida de protección de la familia, dada su situación de especial vulnerabilidad y realizando una valoración muy positiva de la estabilidad y la seguridad del menor en el barrio, así como el inicio de los trámites para regularizar el alquiler. Sin embargo, parece ser que estos trámites aún no se han hecho efectivos.

En otros casos estudiados, como uno en Badalona, el Síndic ha detectado que el Ayuntamiento no estaba siguiendo el protocolo acordado con la empresa Aguas de Barcelona para garantizar la instalación de contadores provisionales en casos de acreditada vulnerabilidad social.

En varios casos estudiados, la Agencia de Vivienda de Cataluña deriva la solución del caso al programa 60/40 pero, en cambio, desde los servicios municipales se informa al Síndic que este programa no ha sido desplegado ni está dotado presupuestariamente.

El Síndic también ha detectado la existencia de muchas familias con dos, tres o más menores que viven en el Área Metropolitana y que están a la espera de la adjudicación de una vivienda en alojamientos temporales (habitaciones de hostales, pensiones, o similares). Esta situación de inestabilidad y de temporalidad, que a menudo se prolonga mucho más allá de seis meses, también prolonga el sufrimiento emocional de los menores.

El este contexto, el Síndic quiere hacer un llamamiento a todas las administraciones locales y al Departamento de Territorio y Sostenibilidad para que trabajen de manera más proactiva en la aplicación de todos los instrumentos que tienen su alcance (ayudas de emergencia, apoyos sociales, mediación, ayudas de las Mesas de emergencia, programa Reallotgem.cat, etc) para favorecer la adjudicación de viviendas dignas a todas las familias con una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El Síndic reitera que la incertidumbre sobre la posible adjudicación de una vivienda social en el caso de menores que sufren un riesgo de exclusión residencial provoca, aunque sea indirectamente, su victimización secundaria e insta a todas las administraciones a trabajar juntas a fin de que en los procedimientos de asignación de recursos residenciales se proteja especialmente a los menores de la victimización secundaria.

Finalmente, pide a las administraciones que apliquen la perspectiva de género en relación con la vulnerabilidad habitacional de las familias que viven en Cataluña, que en una proporción importante afecta a familias monoparentales femeninas con menores a cargo.

Volver