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El Síndic recuerda las insuficiencias en la atención a la salud mental infantil y juvenil

En las últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de casos de adolescentes que manifiestan problemas graves de salud mental y que denuncian no poder ser atendidos con la intensidad y la continuidad que requieren en el sistema público de salud por falta de recursos residenciales terapéuticos de media y larga duración.

El Síndic ya denunció esta problemática en su informe El derecho a la salud mental infantil y juvenil.Garantías en el acceso y la atención a los centros residenciales, que publicó y entregó al Parlamento el día 15 de noviembre de 2019. Este informe se elaboró a partir del análisis de las quejas recibidas, los intercambios con profesionales, así como de las visitas a centros llevadas a cabo por el equipo del Síndic y por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) a los centros residenciales existentes.

El informe del Síndic alertaba de cuatro grandes problemas en la red de atención de salud mental infantojuvenil: las discriminaciones por razones económicas en la garantía del derecho a la salud mental; la insuficiencia de recursos para atender los problemas de salud mental, trastornos de conducta y adicciones de los adolescentes; la falta de garantías en el ingreso y de supervisión en la intervención de los recursos residenciales, y, finalmente, el uso disfuncional de los recursos del sistema de protección para cubrir la insuficiencia de recursos de salud mental.

En el año 2018 el Departamento de Salud creó el Programa de abordaje integral sobre los casos de salud mental de elevada complejidad para atender estas situaciones, y el mismo año 2018 se creó la primera unidad terapéutica educativa y residencial para niños y jóvenes, que pretende dar respuesta a la necesidad de atender casos de alta complejidad en salud mental de más larga estancia, con 30 plazas, 25 de las cuales están previstas para atender a niños y adolescentes tutelados por la Administración pública.

En este sentido, el sistema de protección social y el sistema catalán de salud se asientan sobre la base de que el ingreso terapéutico de más larga duración es indicado en casos en que la problemática social y familiar requiere el desamparo del niño y adolescente por desprotección por parte de sus padres, cuando a menudo esta situación de desprotección se debe a la falta de recursos públicos adecuados para atender una problemática que puede ser de tipo social, económico o de salud, pero que no necesariamente implica negligencia, abusos o maltrato en la atención y cuidado de este niño o adolescente.

Sin embargo, hay centros que ofrecen estos servicios de manera privada, con un coste inasumible para muchas familias, y a los que no se exigen las garantías que debería exigir la Administración pública en el ingreso de un niño o adolescente en un centro de estas características. Algunas plazas de estos centros privados terapéuticos son concertadas por la Dirección General de Atención a la In infancia y la Adolescencia para atender a niños y a adolescentes tutelados que requieren atención específica o son financiadas a través del seguro escolar obligatorio, que cubre a los estudiantes matriculados a partir de tercero de ESO.

A través del tratamiento de diversos casos y de la visita a los centros existentes recogidos en el informe publicado en 2019, el Síndic extrae las siguientes conclusiones:

- Faltan recursos suficientes en la prevención y la promoción de la salud mental, y también en la intervención precoz.

- Hay que regular y supervisar que todo internamiento en centro residencial especializado se lleva a cabo una vez agotadas todas las opciones alternativas disponibles y durante el menor tiempo posible.

- La falta de recursos residenciales públicos de salud mental de discapacidad provoca que algunos niños y adolescentes sean ingresados en centros privados sin las garantías necesarias.

-La falta de recursos públicos para atender estas necesidades no debe suponer la tutela de los niños y adolescentes.

A través del informe se hacían llegar las siguientes recomendaciones a las administraciones implicadas, entre otros:

- Promover programas de prevención y promoción de la salud mental, así como intervenciones de acompañamiento en la crianza y la parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital del niño y adolescente, desde un modelo psicosocial y comunitario, y aumentar y extender los programas de detección precoz de trastornos y adicciones en los institutos y las escuelas.

- Hacer más accesibles los servicios actualmente existentes para dar cobertura a toda la población con una distribución territorial adecuada.

- Realizar un análisis de la cobertura de los recursos públicos existentes, tanto en el ámbito de salud como de servicios sociales, y valorar la pertinencia de proveer centros residenciales para niños y adolescentes menores dieciocho años que requieran intervenciones o tratamientos de desintoxicación y/o psicoterapia de manera intensiva con acompañamiento social.

- Garantizar el internamiento terapéutico de provisión pública con las garantías necesarias cuando las necesidades del niño o adolescente así lo exijan.

Los profesionales del sector alertan del aumento de casos en los que adolescentes, especialmente, expresan malestar psicoemocional a consecuencia de la pandemia, y también la aparición de casos graves en forma de trastornos de conducta alimentaria, adicciones, intentos de autolisis y suicidio en edades cada vez más tempranas que desbordan los recursos existentes.

Respecto a la salud mental, los últimos informes al Parlamento sobre los derechos del menor han incidido en la necesidad de dotar al sistema de salud mental infantojuvenil de más recursos y más adecuados a los problemas existentes. La salud mental y el bienestar emocional de los menores y adolescentes constituyen una esfera de una importancia relevante para garantizar el ejercicio del resto de derechos y el pleno desarrollo de la personalidad y la identidad del individuo, con una repercusión importante en su proceso de transición a la vida adulta.

Según datos del año 2019, en los últimos años se ha producido un aumento sostenido del número de menores y adolescentes atendidos por CSMIJ, de los 54.570 de 2010 a los 69.006 de 2019 (10 menores más por cada 1.000 en una década), y también un incremento sostenido de las visitas por paciente atendido, la cual cosa constata el incremento de recursos en este ámbito, a pesar de que el número de centros se haya mantenido estable.

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