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El Síndic propone un debate monográfico en el Parlamento sobre el modelo de implantación de las infraestructuras de energías renovables
También reclama que se suspenda la autorización de cualquier nuevo proyecto mientras no tenga lugar esta planificación y se establezca una moratoria durante dicho periodo
Considera que la elaboración y la aprobación de un marco planificador permitiría una armonización de los diferentes usos del suelo y una garantía de la viabilidad económica de las instalaciones, así como resolver las carencias de participación de los diversos actores en juego
El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación del rechazo generado en diversos proyectos de infraestructuras de energías renovables (especialmente eólica y fotovoltaica) entre una gran parte de las personas que viven en los territorios donde se pretenden implantar. En concreto, estas personas y entidades remarcan que son proyectos impulsados por grandes grupos inversores multinacionales en lugar de inversores locales, que no responden a una coherencia en la planificación desde el Gobierno de la Generalitat, que no ha evaluado suficientemente su impacto negativo sobre el medio y el paisaje o que no han sido previamente consultados y debatidos con los actores del entorno donde se les quiere ubicar.
En este contexto, el pasado 13 de abril, el Síndic abrió una actuación de oficio que tiene por objetivo analizar la actuación de las administraciones públicas en relación con los proyectos de implantación de diversas infraestructuras de energías renovables. En el marco de esta actuación, el Síndic se ha dirigido a la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y Conocimiento para obtener información detallada sobre los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos aprobados y en trámite. El Síndic también ha pedido a la administración de la Generalitat conocer cuál es la valoración que se realiza de la conveniencia de elaborar y aprobar un plan territorial sectorial de las energías renovables o, en su caso, el estado en que se encuentra su tramitación o sus trabajos de redacción.
En el mes de junio de 2018 el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña su informe titulado El aumento de los conflictos en materia ambiental y urbanística en Cataluña, que incluye una serie de recomendaciones y conclusiones dirigidas a las administraciones públicas. Cabe señalar que este informe ya advertía de los conflictos generados por la planificación energética, así como de los generados por los déficits en la planificación y gestión del entorno natural y en los instrumentos de planificación urbanística territorial.
En este marco, el Síndic también es conocedor de que Cataluña todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos de producción de energía a partir de fuentes renovables. Hace dos años, en mayo de 2019, el Gobierno de la Generalitat aprobó la Declaración de emergencia climática que implicaba, entre otros, el compromiso para adoptar las medidas de simplificación administrativa necesarias para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático y de transición energética.
Por su parte, el Estatuto de autonomía de Cataluña determina que los poderes públicos de Cataluña deben promover el desarrollo sostenible (artículo 4.3) y también establece que las personas tienen derecho a vivir en un medio equilibrado, sostenible y respetuoso con la salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de protección que determinan las leyes (artículo 27). De acuerdo con ello, el Parlamento de Cataluña ha definido el desarrollo urbanístico sostenible como "la utilización racional del territorio y el medio ambiente y conlleva conjugar las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, a fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras".
El medio ambiente y el derecho a su conservación y protección constituyen un bien jurídico que parte del interés público en la consecución de objetivos tales como el control ambiental de la contaminación, el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y la salud pública. Si existe algún área en que la necesidad de transparencia y participación es más evidente es precisamente el medio ambiente. La sociedad civil (personas, plataformas y asociaciones) ha reivindicado de manera activa la necesidad de saber y conocer cuál es el estado del medio ambiente, cuáles son los riesgos que amenazan nuestro mundo y cuáles son las políticas públicas para consolidar un desarrollo sostenible. De acuerdo con la función de defensa de derechos que tiene encomendada el Síndic, esta institución vela por el pleno respeto de los derechos de las personas al acceso a la información pública y a la participación en materia de medio ambiente.
Por todo lo anterior, el Síndic propone que el Parlamento de Cataluña celebre un debate monográfico, o impulse la constitución de una comisión de estudio y seguimiento, sobre el modelo de implantación de las infraestructuras de energías renovables en el territorio, a fin de fijar las bases de su desarrollo por medio de la planificación territorial y sectorial adecuado, y determinar los límites y condiciones a qué deben someterse los proyectos de forma que se favorezcan ubicaciones para su implantación de manera preferente al suelo no urbanizable. Paralelamente, el Síndic también es partidario de suspender la tramitación y autorización de nuevos proyectos mientras no se apruebe esta planificación, así como de las posibles excepciones para instalaciones destinadas al autoconsumo o que se ubiquen en cubiertas de edificaciones existentes y futuras o en espacios degradados por actividades o afectados por infraestructuras existentes.
El Síndic considera que una planificación territorial y sectorial de la implantación de las infraestructuras relativas a las energías renovables debería constituir el marco orientador, en todo el territorio de Cataluña, de las políticas públicas en este ámbito y debería estudiar, con una visión estratégica y territorial, las características que deberían tener los espacios para adecuarse y acoger dichas infraestructuras. A la vez, la elaboración y aprobación de un marco planificador debería permitir una armonización de los diferentes usos del suelo y una garantía de la viabilidad económica de las instalaciones.
La planificación resolvería las carencias de participación de los diversos actores en juego y ofrecería una visión conjunta para resolver situaciones en que se concentren o se superpongan varios proyectos, se afecte de forma relevante al paisaje o se generen incoherencias con los modelos urbanísticos vigentes. La posibilidad de prever medidas compensatorias por los territorios más afectados o de regular la restauración o reparación de los suelos afectados por infraestructuras que sean obsoletas o en desuso también serían aspectos que podrían incluirse en el objeto de una planificación sectorial.
