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PACE Side Event: ¿Se debería juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?
El Síndic de Greuges de Cataluña ha organizado una sesión paralela para debatir sobre la libertad de expresión de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos
La libertad de expresión sólo puede ser limitada por situaciones excepcionales y de manera proporcionada cuando se trata de una incitación al odio o a la violencia
El pasado 3 de junio el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa aprobó el borrador de la resolución titulada "Se debería juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?". El borrador pide a las autoridades españolas que reformen los delitos de rebelión y de sedición para evitar penas desproporcionadas por transgresiones no violentas o que no se puedan interpretar como si quedara sin efecto la despenalización de la organización de referendos ilegales de 2005.
En este contexto, el Síndic de Greuges ha organizado una sesión paralela para debatir sobre la libertad de expresión de acuerdo con el Convenio europeo de derechos humanos, antes de que tenga lugar la votación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el borrador de la resolución, previsiblemente esta tarde.
La sesión, que se ha celebrado en formato on-line debido a la pandemia, ha sido presidida por el síndic, Rafael Ribó, y ha contado con la presencia de Françoise Tulkens, exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Josep Casadevall, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Rob Behrens, ombudsman parlamentario y del servicio de salud del Reino Unido.
Durante su intervención Françoise Tulkens ha hablado de los principios generales de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuanto a la libertad de expresión en general pero, sobre todo, con respecto a los políticos. En su ponencia, ha destacado que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y de una sociedad libre. En este sentido ha manifestado que, para el TEDH, los políticos tienen una libertad de expresión extendida y un nivel más alto de protección, en tanto que son representantes del pueblo, y dicha libertad sólo se puede ver limitada en situaciones excepcionales y de manera proporcional. En concreto, la libertad de expresión sólo se puede ver recortada cuando se trata de una incitación al odio o a la violencia.
En su intervención, Josep Casadevall se ha centrado en analizar el contenido de la resolución "Se debería juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?", especialmente en lo que hace referencia a los derechos y libertades protegidos por la Convención de derechos humanos y por la jurisprudencia del TEDH. Casadevall ha concluido que el informe Cilevičs ha entendido muy bien los principios que rigen el TEDH y ha querido felicitar el autor. A partir de la jurisprudencia del tribunal también ha explicado que ante difamaciones o injurias contra una persona, se impone el principio de igualdad, por el que ninguna persona -ni ningún presidente ni jefe de estado- está más protegida frente la ley ni puede tener un trato preferente respecto a los otros.
En último lugar, Rob Berhens explicó cómo está regulada la libertad de expresión en el Reino Unido y los límites que se le aplican, y ha destacado la libertad de expresión total que tienen los parlamentarios dentro del Parlamento británico. Según su criterio, los políticos, como representantes de los ciudadanos, deben tener las mismas restricciones que éstos, por lo que sólo no pueden incitar al odio racial o de género ni promulgar la violencia. Sin estas garantías, existe el riesgo de que los políticos se alejen del objetivo para el que fueron elegidos.
En otro ámbito, también ha mostrado su preocupación por la falta de protección que se está dando a funcionarios de justicia o defensores del pueblo cuando han cuestionado las decisiones o actuaciones de algunos representantes públicos. En concreto, Rob Berhens citó el caso de Polonia, donde el ombudsman, Adam Bodnar, fue amenazado por defender los derechos humanos en el país, y el caso de Cataluña, donde Rafael Ribó también ha sido cuestionado en algunas ocasiones por la tarea hecha en la defensa de los derechos y libertades en Cataluña.
