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El Síndic pide reforzar los Servicios públicos ante la crisis social y económica que deja la COVID
Ha alertado de que la crisis de derechos se ha ampliado durante el 2020
El 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución
Se ha mostrado preocupado por la violencia machista y LGTBIfóbica y por las muertes en las prisiones que han tenido lugar en los últimos tiempos
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe al Parlamento 2020.
El informe que presentó el pasado 25 de febrero al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, es el documento que recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas durante el año, que ha sido marcado por la crisis de la COVID-19.
El 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución y, por primera vez, se han superado las 11.000. Se han tramitado más de 17.000 y se han abierto 303 actuaciones de oficio.
Durante el 2020, las actuaciones iniciadas en torno a las políticas sociales representan cerca del 40% del volumen de intervención del Síndic, cifras comparables con los peores años de la crisis económica del decenio pasado, con un incremento significativo en todas las materias respecto al año anterior.
A nivel general, el Síndic ha alertado de la grave crisis de derechos ampliada durante el 2020, como consecuencia de la pandemia y ha puesto de relieve que las administraciones públicas no han dado soluciones concretas a la pobreza ni con la urgencia que requieren las circunstancias. También ha destacado que hace falta un fortalecimiento presupuestario en el ámbito de la salud y el bienestar que nos equipare en porcentaje al PIB de los países del Norte de Europa y que se traduzca en un plan estratégico de salud. En cuanto a las persones mayores, el Síndic ha pedido que esta crisis sirva para revisar el actual modelo residencial – la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica, los protocolos vigentes, los recursos humanos y las ratios de profesionales- y desarrollar los recursos alternativos al medio residencial.
Y también ha hecho un llamamiento a alcanzar un pacto nacional para la vivienda en el que se establezcan las bases de unas políticas de vivienda que aborden reformas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda a medio y largo plazo.
En cuanto al medio natural, aunque las agresiones es cierto que se han parado por la pandemia, el Síndic ha querido destacar que hay que reforzar las políticas de protección del medio ambiente y aplicar con el máximo rigor el principio de alternativa cero en las proyecciones urbanísticas presentes y futuras, como vía para garantizar un país respetuoso con su entorno natural.
Y en cuanto a los suministros, el Síndic ha alertado de que siguen sin resolverse dos situaciones como son el desarrollo reglamentario de la Ley 24/2015, de pobreza energética, y la asunción de la deuda que van acumulando las personas a las que no se cortan los suministros básicos por disponer de un informe de los servicios sociales que acredita su situación de vulnerabilidad.
En el proceso de desescalada, las administraciones han priorizado la atención telefónica y la digital, y han introducido la cita previa en la prestación de los servicios de atención al público presenciales. Se trata de un instrumento útil desde el punto de vista de la protección de riesgos laborales, pero a juicio del Síndic ello no puede implicar la desatención de los ciudadanos sin resguardo de cita previa que comparezcan para registrar documentos o para gestionar trámites que no se pueden posponer.
El Síndic sigue recibiendo quejas que ponen en cuestión los procedimientos que siguen algunos ayuntamientos a la hora de tramitar las solicitudes de empadronamiento de las personas que residen de forma habitual en el municipio y en un domicilio con unas condiciones de empleo precarias. Básicamente, porque el resultado acaba siendo no facilitar la inscripción en el padrón de estas personas. El Síndic ha recordado que el título posesorio no es un requisito para la inscripción en el padrón, sino sólo la vía ordinaria para acreditar la residencia, que también puede ser comprobada por otras vías.
En este contexto, el Síndic ha querido destacar que después de varias reuniones con algunos ayuntamientos, la mayoría finalmente se han avenido a aceptar sus recomendaciones.
En cuanto a la libertad y calidad democrática, el Síndic ha querido poner de relieve que en el marco de los sucesivos estados de alarma se han restringido derechos y libertades fundamentales, y que hay que ser muy cuidadoso y vigilar con celo estas limitaciones de derechos, que deben ponderar con todo el rigor los derechos en juego con la necesidad de las medidas de restricción.
Y, por último, ante el aumento de casos de violencia machista y LGTBIfóbica que han tenido lugar después del estado de alarma, el Síndic ha manifestado su preocupación por los últimos acontecimientos producidos. El Síndic ha explicado que se han abierto cuatro actuaciones por agresiones en el espacio público, todas con carácter homófobo. En este contexto, el Síndic pide a todas las administraciones que trabajen de manera coordinada para erradicar este tipo de violencia y que se diseñen nuevas políticas públicas para ponerle freno.
En cuanto a la violencia de género, el Síndic ha destacado que la pandemia ha favorecido que las mujeres que han sido víctimas hayan quedado escondidas y que muchos casos no hayan llegado a aflorar. El Síndic también ha puesto en conocimiento de los diputados que la institución ha recibido varios casos de violencia machista vinculados a vulneraciones del derecho a la vivienda. En este sentido, el Síndic ha denunciado que en los desahucios no se tiene en cuenta la situación de violencia a la hora de asignar prioritariamente una vivienda, y que hay mujeres que están en recursos temporales y no se les asigna una vivienda social.
