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El Síndic pide medidas para paliar el impacto en los menores de la crisis económica derivada de la COVID

La Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia establece que el Síndic y el adjunto o adjunta al Síndic para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes deben presentar anualmente en la comisión parlamentaria correspondiente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con relación a los derechos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y la legislación relativa a infancia y adolescencia. El informe correspondiente a 2020 es el décimo que se presenta al Parlamento en cumplimiento de este imperativo legal.

La pandemia de la COVID-19 y la situación de emergencia sanitaria global han tenido un impacto especialmente negativo entre los menores y en el ejercicio efectivo de sus derechos. El derecho a la movilidad, a la educación, a la atención a la salud mental, al desarrollo, entre muchos otros, han quedado condicionados por las decisiones tomadas en orden a la contención de la propagación del virus. Hay que añadir que dentro del colectivo los que están socialmente desfavorecidos han sufrido un impacto aún más negativo de la pandemia.

El Síndic, en primer lugar, recordó que hay que promover la participación y la escucha de los menores en todas las decisiones que los afectan en la vida ordinaria y, en este sentido, ha denunciado que, durante la aplicación del estado de alarma, los menores restaron invisibilizados como sujetos de derecho.

En cuanto a la pobreza infantil, el Síndic ha alertado de que el incremento de la precariedad social en que se encuentran muchas familias como consecuencia de la crisis social derivada de la COVID tendrá afectaciones concretas sobre la calidad de vida de los menores, no sólo en las condiciones materiales de vida, sino también en condiciones afectivas derivadas de situaciones de inestabilidad y de sufrimiento psicológico familiar crecientes. En este contexto, el Síndic también pide valorar que incrementen la provisión y la dotación de prestaciones, programas y servicios de atención directa, así como de servicios terapéuticos para el acompañamiento psicológico de las familias y los menores que han visto deterioradas sus condiciones de vida.

La precariedad social de muchas familias incrementará la complejidad de la atención socioeducativa que habrá que proporcionar desde los centros educativos. Por lo anterior, el Síndic recomienda convocatorias de ayudas a la escolaridad para el alumnado socialmente desfavorecido, medidas de apoyo a los centros con elevada complejidad y programas de refuerzo escolar y de acompañamiento familiar a través de los planes educativos de entorno y de los servicios de intervención socioeducativa para prevenir el absentismo y la desconexión. Para garantizar la igualdad de oportunidades al tiempo libre, también pide que se promuevan medidas de accesibilidad económica (ayudas económicas, bonificaciones y exenciones, sistemas de tarificación social, etc.)

El Síndic también ha denunciado que el seguimiento del curso escolar en formato telemático durante el confinamiento resultó especialmente discriminatorio para el colectivo de alumnado que por razones socioeconómicas puede tener más problemas de conectividad y de provisión de equipamientos adecuados, y que muchas familias de menores con discapacidad han manifestado la falta casi absoluta de apoyo y de atención por parte de los profesionales y de los servicios que habitualmente los atendían.

En cuanto a la salud, el Síndic también se muestra preocupado por el incremento de los problemas de salud mental infantojuvenil en tiempos de pandemia, ya que, por un lado, la pobreza constituye un factor de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de sufrir trastornos y patologías de salud mental y, por otro, impide el acceso a recursos complementarios en el ámbito de la salud mental de tipo privado. En este sentido, el Síndic pide garantizar los servicios y recursos de prevención y de atención a la salud mental infantil y juvenil.

En cuanto al sistema protector, el Síndic sigue insistiendo en la necesidad de desarrollar una estrategia de desinstitucionalización de los menores, con el objetivo de que el ingreso en el centro tenga lugar únicamente cuando se considere el recurso más adecuado para el menor y de promover el acogimiento en familia ajena.

Por último, en cuanto a la violencia hacia los menores, el Síndic ha querido denunciar que no se han puesto suficientes recursos para abordar la grave situación de emergencia social provocada por la situación de emergencia sanitaria, y que no se ha hecho un seguimiento suficientemente cuidadoso para detectar la situación de violencia de muchos menores, que puede haber quedado invisibilizada.

Durante la jornada de hoy también se ha debatido sobre el informe Los derechos de los menores: centro de atención en las separaciones conflictivas, que fue presentado en el Parlament el pasado mes de diciembre. El Síndic cada año recibe numerosas quejas y consultas relacionadas con separaciones conflictivas de pareja o situaciones de enfrentamiento entre progenitores. En algunos casos estas situaciones pueden afectar a los derechos y las necesidades de los menores, ya que son instrumentalizados y depositarios de la angustia provocada por la separación, lo que les provoca un grave sufrimiento que tiene efectos negativos en su estabilidad y en su desarrollo personal.

Algunas de las quejas más recurrentes en los últimos años han versado sobre la supuesta negligencia en el cuidado del menor por parte de un progenitor, el incumplimiento de la sentencia judicial, el desacuerdo con el seguimiento y la valoración de los encuentros en el servicio técnico de punto de encuentro, el cambio unilateral de escuela o de empadronamiento, la retención o traslado a un país extranjero con el menor sin el consentimiento del otro progenitor, el desacuerdo con que la voz del menor no haya sido escuchada en sede judicial, entre otros.

 En el informe se detallan un conjunto de déficits y carencias que se han detectado a partir del trabajo realizado a lo largo de los años y también se muestra un conjunto de recomendaciones. En general, el Síndic ha puesto de manifiesto que es imprescindible poner al menor en el centro de la atención, garantizar su escucha y concienciar a las familias y a la ciudadanía sobre los efectos del conflicto parental crónico en el desarrollo del menor. En este sentido, el Síndic también ha expresado la necesidad de formar a los profesionales en situaciones conflictivas entre los progenitores y la importancia de avanzar hacia un abordaje multidisciplinar que pueda ayudar a trabajar de manera colateral el conflicto emocional subyacente al procedimiento judicial. En la misma línea, el Síndic considera imprescindible que el plan de parentalidad remita a los progenitores a mediación en caso de discrepancias que puedan ser resueltas a través del diálogo.

En cuanto a la actuación de los servicios intervinientes, el Síndic cree imprescindible mejorar la coordinación a través de un protocolo específico entre servicios y órganos intervinientes.

Con el objetivo de avanzar hacia una parentalidad positiva, el Síndic manifiesta la importancia de la sensibilización, a través de guías que ofrezcan información de pautas y consejos prácticos sobre cómo abordar y mitigar los efectos negativos de la separación hacia los menores, y de la mediación, como un instrumento que hay que consolidar para avanzar en la cultura del diálogo. También es necesario impulsar la educación emocional en las escuelas y en los institutos y reforzar la formación continua del profesorado

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