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El Síndic pide que se hagan evaluaciones previas de impacto en todas las decisiones que afectan a los menores
Con este fin ha traducido al catalán la guía elaborada por la Red europea de defensores de los menores
Las evaluaciones de impacto permiten una mejor garantía del interés superior de los menores
El Síndic de Greuges de Cataluña, junto con el Defensor del Menor de Andalucía y el Ararteko del País Vasco, han firmado una declaración de posicionamiento impulsada por la Red Europea de los Defensores de la Infancia (ENOC), sobre la "Evaluación del impacto sobre los derechos de los menores"(CRIA, Child Rights Impact Assessment) la cual insta a los Estados, a las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales, y a todas aquellas autoridades competentes, a aplicar los procesos de evaluación de los derechos de los menores y el análisis de impacto sobre estos derechos.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya manifestó la importancia de establecer un proceso continuado de valoración de los efectos que generan las disposiciones legislativas sobre los menores para que se respete su interés superior.
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los procesos de evaluación del impacto sobre los derechos de los menores, ENOC también ha elaborado una guía que contiene las pautas para realizar una adecuada evaluación que permita examinar el potencial impacto sobre los menores de las leyes, las decisiones presupuestarias, políticas, y cualquier otra medida que se adopte. Este documento, que ha sido traducido al catalán, euskera y castellano, con el objetivo de facilitar su difusión, explica el concepto CRIA, quién es el responsable de llevar a cabo la evaluación, las etapas clave y proporciona los recursos para que se pueda utilizar.
ENOC es una red formada por instituciones independientes de defensa de los derechos de los menores que tiene como tareas principales, impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, apoyar a los colectivos que trabajan para la defensa de los derechos de los menores, compartir informaciones y estrategias entre los estados miembros y promover el desarrollo de oficinas de ombudsman para menores. De acuerdo con sus estatutos sólo pueden ser miembros instituciones que se ocupen exclusivamente de la protección y la promoción de los derechos de los menores o que tengan estructuras internas que tengan estas características. Actualmente forman parte 43 instituciones de 34 estados.
