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El Síndic señala la posible afectación de derechos en las nuevas medidas para prevenir la COVID en centros residenciales para personas mayores
Recuerda que cualquier restricción a los derechos de las personas mayores debe ser legal, necesaria y proporcionada
El Consejo de Europa manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento
El pasado 20 de julio entró en vigor el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial, que tiene por objetivo reducir las posibilidades de que el virus llegue al interior de las residencias e intensificar las medidas de protección, prevención y control para minimizar al máximo la entrada del virus en los centros residenciales con la idea de evitar al máximo los ingresos hospitalarios. El documento incluye medidas dirigidas a los profesionales, medidas referentes a casos/brotes de los residentes, medidas referentes a las visitas, salidas y nuevos ingresos de los residentes, y también una intensificación de las medidas de protección y prevención en las residencias. En la misma línea, la prensa ha apuntado que habrá más control al personal de las residencias y menos visitas de los familiares. Según ha constado el Síndic, el nuevo plan prevé novedades en diversos aspectos de prevención y protección, tales como:
- Un cribado periódico a todo el personal, los no vacunados (3 PCR a la semana), los vacunados (1 PCR a la semana) y a los trabajadores externos test rápido de antígenos (TAR) antes de entrar.
- Un TAR a los familiares que visiten la residencia. Asimismo, el número de personas que pueden hacer visitas simultáneas baja de 3 a 2.
- Un TAR a los familiares que recojan al residente en las salidas independientemente del estado de vacunación. Si la salida es de menos de dos días se harán TAR seriados a los residentes a los 4, 7 y 10 días de regreso, mientras que, si es superior a dos días, se seguirá el mismo proceso que en el anterior caso más la realización de un TAR al residente a la vuelta.
Con el objetivo de valorar las medidas de control que incluye este nuevo plan y sus afectaciones en cuanto a derechos y libertades, el Síndic ha abierto una actuación de oficio. En concreto, se ha dirigido al Departamento de Derechos Sociales para pedir información sobre si las pruebas diagnósticas (PCR/TAR) estarán disponibles en los mismos centros residenciales, quien asume el coste de la prueba, si se ha planteado la posibilidad de vacunar a los hijos del personal de las residencias, el proceso de recogida de datos, y sobre si se ha previsto la posibilidad de prórroga del plan, en principio establecido para 14 días. También se dirigirá al Departamento de Salud, para solicitarle información sobre el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial y su implementación.
El Síndic recuerda que el Consejo de Europa, en una recomendación del año 2014, manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento. Cualquier restricción de estos derechos debe ser legal, necesaria y proporcionada, y debe haber medidas de control adecuadas para revisar estas decisiones. Además, los estados deben garantizar que cualquier limitación individual para una persona mayor se implemente con el consentimiento previo libre informado o como respuesta proporcional a un riesgo de sufrir daños.
En abril de 2020, en el marco de la primera ola de la COVID, y después de la aplicación de las primeras medidas para prevenir a los centros residenciales, el Síndic ya recomendó a las autoridades competentes la necesidad de tomar las medidas necesarias para mantener a los familiares de las personas residentes puntualmente informados, a través de un protocolo de actuación general claro en el que se dispense la información a los familiares. En cuanto al acompañamiento de las familias y el duelo, hay que articular mecanismos de comunicación por vía telemática o telefónica de los familiares con los residentes para poder garantizar el vínculo familiar. Habría que prever un protocolo de comunicación y ayuda a los familiares en caso de muerte y un acompañamiento. El Síndic también planteó que se estudiara la posibilidad de ofrecer un apoyo psicológico a las familias que tienen que despedir a sus familiares sin poderles acompañar en los últimos momentos. Además, el Síndic recomendaba al Departamento que hiciera una recopilación de buenas prácticas en los centros que hayan superado con éxito la gestión de la crisis del coronavirus, para velar de cara al futuro para que estas buenas prácticas se extiendan al máximo por el territorio.
Finalmente, el Síndic también recomendaba velar por la necesaria dotación de los equipos de los diversos centros residenciales, así como establecer directrices claras en cuanto a la desinfección de centros, sobre su necesidad y oportunidad, y también la forma en la que debe llevarse a cabo, de manera que se garantice la desinfección de los centros que lo requieran
