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El Síndic investiga los problemas que generan retrasos en la tramitación de las licencias de obras

Desde el año 2020 hasta la actualidad, el Síndic ha recibido numerosas quejas relacionadas con la tramitación de licencias de obra, que exponen retrasos para obtener una resolución, dificultades para acceder a los técnicos municipales en algunos casos y un número excesivo de los requerimientos de enmiendas, no siempre suficientemente justificadas, a los proyectos por los que se pide el permiso municipal. Las quejas afectan a varios ayuntamientos de Cataluña.

En sus informes, el Síndic ya había dado cuenta al Parlamento sobre las recomendaciones que había dirigido a los ayuntamientos acerca de estas cuestiones en los casos concretos que se habían planteado. Se trata de problemas que, además de vulnerar los principios de celeridad y de impulso de oficio que deben regir la actividad administrativa en general, suponen serios perjuicios económicos para todos los agentes que intervienen en las obras, contratistas, propietarios y técnicos, que deben invertir tiempo y recursos en proyectos que se alargan injustificadamente en el tiempo. En concreto, en el Informe al Parlamento 2011, el Síndic ya destacaba la problemática debido a que la persona interesada reciba requerimientos de enmiendas cuando podía haber entendido concedida la licencia por silencio administrativo. El silencio administrativo en materia de licencias de obras tiene sentido positivo. Sin embargo, el ordenamiento urbanístico establece que no se pueden obtener por silencio facultades en contra de las prescripciones establecidas en la legislación urbanística y en el planeamiento vigente. Así pues, empezar las obras antes de disponer de la licencia puede dar lugar que, con las obras ya terminadas, la Administración resuelva denegar la licencia por considerar que el proyecto no se ajusta al planeamiento.

Hace unas semanas, el Síndic conoció por los medios de comunicación de la existencia de una encuesta realizada en 2020 por el Colegio de Arquitectos de Cataluña entre sus colegiados. Según la normativa aplicable, las licencias de obras para las que la normativa exige proyecto se deben resolver de forma motivada en el plazo de dos meses. Para el resto, el plazo es de un mes. El resultado de la encuesta muestra, sin embargo, que 39 municipios tienen una media de respuesta por encima de este plazo, que va de 2,9 meses hasta los 12,8.

La encuesta también evalúa el uso de las enmiendas y lista el conjunto de municipios que hacen uso excesivo de este instrumento. En este aspecto, en el Informe al Parlamento 2019, el Síndic constataba que algunas veces las enmiendas se utilizan con fines diferentes de la función prevista en la ley y esconden una valoración negativa del proyecto por parte de los técnicos municipales. Así, obligan a la persona interesada a ajustar la petición a sus directrices, con la advertencia de que si no lo hace en el plazo concedido, se entenderá que desiste de la solicitud. Cabe tener en cuenta que no es lo mismo una resolución por desistimiento que una resolución negativa, motivada y que puede ser objeto de recurso. Es preciso tener cuidado, pues, y evitar que las enmiendas no sean resoluciones denegatorias encubiertas. En ningún caso pueden privar a quien solicita una licencia de defender sus intereses si no está de acuerdo con las prescripciones de los técnicos municipales.

Otras veces los requerimientos de enmiendas sirven para suspender la tramitación de una licencia cuando los servicios municipales están a punto de agotar los plazos de resolución. Y, en este sentido, el Síndic recuerda que la Administración puede ampliar los plazos por causa justificada y notificarlo a los interesados.

Por todo lo anterior, el Síndic ha considerado oportuno abrir una actuación de oficio para estudiar el origen de los problemas relacionados con las licencias de obras y las posibles medidas que se pueden tomar para solucionarlos.

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