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El Síndic reclama con urgencia actuaciones para paliar la falta de plazas residenciales para niños con discapacidad

04/10/2021

foto (c) Pixabay

Ha constatado que no existe ninguna previsión legal que determine la provisión de servicios residenciales dirigidos especialmente a niños y jóvenes con discapacidad

En el año 2018 se crearon plazas para atender a estos jóvenes pero han resultado insuficientes

Tiene conocimiento de casos en que la espera para acceder al servicio residencial se ha alargado más de un año y medio

Durante los últimos años el Síndic ha recibido quejas ante la lista de espera de asignación de una plaza en un recurso residencial para jóvenes menores de 18 años con discapacidad. Con el análisis de los casos concretos estudiados, el Síndic ha podido constatar que la lista de espera para acceder a esta tipología de recurso avanza muy lentamente así como una falta de plazas suficientes de este tipo de dotación.

En el año 2017, el Síndic fue informado por el entonces Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que disponía de 14.576 plazas residenciales para personas adultas con discapacidad y de 1.581 plazas para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, entre hogar residencia y hogar con asistencia. Ninguna de estas, sin embargo, iba destinada a personas menores de 18 años. En el año 2018, el Gobierno informó al Síndic que se había promovido la creación de 74 plazas de recursos terapéuticos, 12 de las cuales para niños y adolescentes con discapacidad y trastorno de conducta, 15 para niños y adolescentes con discapacidad, y 35 para niños con trastorno mental y trastorno de conducta, especialmente en el entorno del sistema de protección.  

Del análisis de la normativa, el Síndic ha constatado que no existe ninguna previsión legal que determine la provisión de servicios residenciales dirigidos especialmente a niños y jóvenes con discapacidad y que la Cartera de Servicios Sociales, para estos casos, sólo prevé un proceso de excepcionalidad por edad en el ingreso en servicios residenciales destinados a personas adultas entre los 18 y los 65 años. La falta de previsión en la Cartera de Servicios Sociales de este recurso ha sido una cuestión que el Síndic ha abordado reiteradamente y en el informe sobre los derechos del niño correspondiente al año 2015 ya se recogieron algunas propuestas clave, tales como la necesidad de crear un número suficiente de plazas para atender a los jóvenes que necesitan este tipo de recurso y estudiar las necesidades de servicios de respiro, así como de recursos de atención domiciliaria. 

En la misma línea, en 2018 el Síndic también reiteró la necesidad de que la Cartera de Servicios Sociales incorporara este recurso y, aunque la administración reconoció esta carencia, a fecha de hoy, todavía no se ha tomado ninguna medida para hacer efectiva esta provisión. Buena muestra de ello es que el Síndic sigue recibiendo quejas de casos en los que a pesar de los propios equipos de valoración de la Generalitat consideran necesaria la asignación de un recurso residencial urgente, éste no se ha llegado a efectuar, como en el caso de un chico de 12 años con pluridiscapacidad, conductas heteroagresivas y trastorno del sueño que, según certifican los profesionales que lo tratan, puede poner en riesgo tanto su integridad como la de las personas que le rodean, la familia del que lleva desde el 2018 esperando una plaza residencial. Según el Síndic no es admisible una espera de casi un año y medio para poder acceder al recurso recomendado por el propia administración. Esta falta de recursos, además de suponer la vulneración de los derechos del niño afectado, pone en evidencia problemas estructurales de la administración para la atención de esta necesidad en el colectivo de los niños y los adolescentes.

Por consiguiente, el Síndic ha vuelto a insistir en que es necesario aumentar el número de plazas residenciales disponibles para los niños y adolescentes que lo requieran, bien sea mediante plazas públicas, bien sea mediante la contratación o concertación de plazas privadas, con el objetivo de garantizar la protección del niño y de su interés particular.

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