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El Síndic pide que se regule la práctica del autocaravaning para garantizar su ejercicio en condiciones idóneas

A lo largo del año 2020, el Síndic recibió más de 180 quejas en relación con diversas problemáticas que afectan a la práctica del autocaravaning. Entre otros motivos, exponían las restricciones no fundamentadas de circulación, parada y estacionamiento, la utilización indebida de señalización y la falta de infraestructuras o espacios habilitados que les permitan la práctica del autocaravanismo y las actividades de ocio y recreo asociadas. Consideran que el sector y la práctica de este turismo itinerante están situados en un plano de desigualdad con otros sectores turísticos, ya que no gozan de las mismas medidas de protección, apoyo, promoción y fomento. Además, en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, también expusieron la falta de información y claridad que sufrieron en las fases de desconfinamiento.

El autocaravaning está plenamente consolidado y en expansión en nuestro territorio, con una fuerte perspectiva de futuro y un margen de crecimiento importante. De hecho, el año 2019 se registró, por segundo año consecutivo, un récord de matriculaciones de autocaravanas y campers. Se calcula que el parque de vehículos con servicio vivienda existente es de 300.000 vehículos, 41.441 en Cataluña, a los que hay que sumar la actividad de autocaravaning procedente del turismo internacional. Actualmente, en Europa hay 2,5 millones de autocaravanas que se desplazan en muchos casos en nuestro territorio. España es el segundo país elegido como destino para viajar y Cataluña se sitúa como uno de los destinos más visitados.

A pesar de la proliferación del autocaravanismo, no existe una norma específica que regule el sector. A su vez, la red viaria, infraestructuras y servicios asociados deberían adaptarse a esta realidad para fomentar y permitir la práctica en condiciones idóneas y medioambientalmente sostenibles y garantizar la seguridad, movilidad y bienestar de las personas.

Por todo lo anterior, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha dirigido a las diversas administraciones afectadas, Departamento de Empresa y Trabajo, Departamento de Interior, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, y Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, las siguientes recomendaciones:

• Estudiar las necesidades del sector.
• Ordenar, planificar y regular esta modalidad de turismo para garantizar su práctica en condiciones idóneas, así como diseñar las políticas de protección, promoción y fomento necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico en este ámbito.
• Valorar una nueva regulación en cuanto a la limitación de empleo temporal en los mismos términos que otros sectores turísticos.
• Consensuar bases y conceptos comunes para homogeneizar las diferentes regulaciones normativas.
• Promover y fomentar la creación y la habilitación de áreas de acogida de autocaravanas, otras infraestructuras y servicios que den cobertura a la demanda, así como habilitar registros públicos de información y consulta.
• Definir la problemática del sector en el ámbito concreto de la movilidad, red, infraestructuras y seguridad viarias, y adoptar medidas de desarrollo y garantía de su ejercicio en las mejores condiciones viales, de movilidad y de seguridad.
• Que los municipios incorporen la presencia de esta tipología de vehículos y tengan en consideración sus especificidades en la ordenación y la regulación del tráfico en el ámbito urbano, para garantizar su movilidad adecuada dentro de las posibilidades de la trama urbana, informando adecuadamente a los usuarios.
• Elevar a rango legal el contenido de la Instrucción 08/V-74, que recopila e interpreta en un único documento todos los aspectos normativos relacionados con el autocaravanismo, de obligado cumplimiento para los municipios, e incorporarlo en las ordenanzas en cuanto a la regulación de circulación, parada y estacionamiento.
• Elaborar un catálogo oficial de señales específico para la práctica del autocaravanismo, y también otros aspectos en materia de tráfico que aconsejen una regulación específica que abarque toda su actividad, a efectos de que sea aplicable de manera homogénea por las administraciones.

Dado que algunas de las recomendaciones podrían afectar aspectos que son competencia de la Administración General del Estado también se ha trasladado la resolución al Defensor del Pueblo.

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