Recomienda homogeneizar las diferentes regulaciones normativas existentes
Propone habilitar áreas de acogida de autocaravanas y unos registros públicos de información y de consulta
Es necesario un catálogo oficial de señales específico para esta modalidad de turismo
A lo largo del año 2020, el Síndic recibió más de 180 quejas en relación con diversas problemáticas que afectan a la práctica del autocaravaning. Entre otros motivos, exponían las restricciones no fundamentadas de circulación, parada y estacionamiento, la utilización indebida de señalización y la falta de infraestructuras o espacios habilitados que les permitan la práctica del autocaravanismo y las actividades de ocio y recreo asociadas. Consideran que el sector y la práctica de este turismo itinerante están situados en un plano de desigualdad con otros sectores turísticos, ya que no gozan de las mismas medidas de protección, apoyo, promoción y fomento. Además, en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, también expusieron la falta de información y claridad que sufrieron en las fases de desconfinamiento.
El autocaravaning está plenamente consolidado y en expansión en nuestro territorio, con una fuerte perspectiva de futuro y un margen de crecimiento importante. De hecho, el año 2019 se registró, por segundo año consecutivo, un récord de matriculaciones de autocaravanas y campers. Se calcula que el parque de vehículos con servicio vivienda existente es de 300.000 vehículos, 41.441 en Cataluña, a los que hay que sumar la actividad de autocaravaning procedente del turismo internacional. Actualmente, en Europa hay 2,5 millones de autocaravanas que se desplazan en muchos casos en nuestro territorio. España es el segundo país elegido como destino para viajar y Cataluña se sitúa como uno de los destinos más visitados.
A pesar de la proliferación del autocaravanismo, no existe una norma específica que regule el sector. A su vez, la red viaria, infraestructuras y servicios asociados deberían adaptarse a esta realidad para fomentar y permitir la práctica en condiciones idóneas y medioambientalmente sostenibles y garantizar la seguridad, movilidad y bienestar de las personas.
Por todo lo anterior, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha dirigido a las diversas administraciones afectadas, Departamento de Empresa y Trabajo, Departamento de Interior, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, y Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, las siguientes recomendaciones:
Dado que algunas de las recomendaciones podrían afectar aspectos que son competencia de la Administración General del Estado también se ha trasladado la resolución al Defensor del Pueblo.