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El Síndic insiste ante el Parlamento en la creación de la comisión de seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

15/11/2021

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Es necesaria una revisión del Código penal que derogue o reforme en profundidad la regulación vigente de los delitos de rebelión y sedición

Considera necesario el debate sobre una ley de amnistía

Recuerda que los tratamientos penitenciarios no pueden implicar una renuncia a la propia ideología

Considera que la instrucción de la querella contra la anterior Mesa del Parlamento iría en contra de la voluntad de la Asamblea y sería un obstáculo más para la resolución del conflicto por la vía del diálogo

El síndic y el adjunto general han comparecido ante la Comisión del Síndic de Greuges del Parlamento de Cataluña para debatir los informes La concesión del indulto parcial a las personas condenadas por la Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo, de septiembre de 2021; La Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo y su repercusión en el ejercicio de los derechos fundamentales, de enero de 2020, y la Afectación de derechos en la ejecución penitenciaria de la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de noviembre de 2020.

Durante su intervención, el síndic ha manifestado que en los tres informes se destaca que el conflicto territorial que se vive entre Cataluña y el resto del Estado tiene carácter eminentemente político y sitúa su origen en el resultado de una interpretación restrictiva de los preceptos constitucionales sobre derechos y sobre autogobierno territorial.

Por un lado, este conflicto político está produciendo graves afectaciones a los derechos fundamentales, como el derecho de participación política a través de los representantes elegidos, la libertad de expresión y manifestación, y el derecho a la libertad individual.

Por otro lado, un conflicto de esta naturaleza sólo puede tener una solución política, que debe articularse mediante el diálogo entre las diferentes opciones políticas y sociales en Cataluña y entre el Gobierno del Estado y las instituciones catalanas. El síndic ha destacado que la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda fortalecer la democracia española “a través del estado de derecho, el buen gobierno y el respeto total a los derechos humanos, sin necesidad de recurrir al derecho penal, pero con pleno respeto al orden constitucional de España”.

También recomienda “retirar los procesos restantes contra cargos inferiores [...] y no sancionar a las personas que han sucedido a los responsables políticos encarcelados”. En este sentido, la instrucción de la querella contra la anterior Mesa del Parlamento por haber votado a favor de permitir el debate de dos mociones relativas al derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía, amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, especialmente necesario en el caso de cargos electos y protegidos jurisdiccionalmente por el principio de inviolabilidad parlamentaria, iría en contra de la voluntad de la Asamblea y sería un obstáculo más para la resolución del conflicto por la vía del diálogo.

En el mismo sentido, los tres informes concluyen que este diálogo sólo es posible en un contexto libre de presión jurídico-penal. Por lo anterior, el Síndic insiste en que es necesaria una revisión del Código penal que derogue o reforme en profundidad la regulación vigente de los delitos de rebelión y sedición, de forma que no se puedan interpretar de forma atentatoria contra derechos y libertades fundamentales como el de expresión, reunión y manifestación.

Asimismo ha manifestado que es necesaria una garantía de la plena libertad física, económica y política de todas las personas implicadas en el llamado proceso soberanista. Por ello, es preciso ampliar los indultos concedidos a las personas condenadas por la Sentencia 459/2019, incluyendo la pena de inhabilitación. También pide que se consideren las vías de la ley de amnistía, que tendría pleno encaje constitucional, o el indulto anticipado, para los cientos de cargos y personas que tienen pendientes juicios penales (incluyendo agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). Y también se debería detener la tramitación de los expedientes sancionadores del Tribunal de Cuentas.

Por último, a la vista de la experiencia de las personas condenadas a penas de prisión, desde el punto de vista penitenciario, el Síndic ha recomendado reforzar la perspectiva de género en los programas individualizados de tratamiento. También recordó que estos tratamientos nunca pueden implicar una renuncia a la propia ideología, lo que sería una vulneración de la libertad ideológica y pidió reforzar la política penitenciaria propia de Cataluña, que promueve una mayor flexibilidad en el cumplimiento de la pena, incluyendo permisos y regímenes de semilibertad, como mejor vía para la reinserción social.

Por último, el Síndic ha insistido en la necesidad de poner en práctica la comisión de seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

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