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El Síndic alerta de que el aumento de la financiación en políticas de infancia no ha supuesto una mejora significativa en el disfrute de derechos de los niños

Este martes, 21 de diciembre, el síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios, han entregado a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, el Informe sobre los derechos de la infancia.

Este informe presenta los diez principales retos para la garantía de los derechos de niños y adolescentes en el actual contexto de crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. Estos diez grandes retos tienen que ver con las políticas para erradicar la pobreza infantil y la exclusión residencial de los niños, la lucha contra segregación escolar, el abandono educativo prematuro y la desigualdad en el acceso al ocio educativo, así como la lucha contra las violencias que sufren los niños y adolescentes con una perspectiva de género. Asimismo, los grandes retos también incluyen la necesaria mejora de la atención a la salud mental de los niños y adolescentes, así como la necesaria transformación del sistema de protección a la infancia para que esté fundamentado en el acogimiento familiar.

En este contexto, el Síndic destaca que en el período 2014-2020, la inversión en políticas de infancia ha aumentado de forma sostenida en un 42,7% a precios corrientes, cerca de 1.895 millones de euros.

A pesar del incremento de la inversión pública y los avances normativos conseguidos, no se han logrado en la práctica generar los cambios necesarios para conseguir mejoras suficientemente significativas en los principales retos relacionados con el disfrute de derechos de los niños.

1. La lucha contra la pobreza infantil

En el contexto de crisis económica derivada de la pandemia, se ha incrementado más del 50% el número de niños beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía (RGC), pero la prevalencia de la pobreza infantil sigue aumentando.

- En octubre de 2021 ya se había invertido un 33,8% más de financiación en el RGC de lo gastado en todo el año 2019 (90,5 millones de euros más), y ya se había incrementado un 51,8% el número de beneficiarios respecto al año 2019 (cerca de 44.000 en total).

- La crisis económica derivada de la pandemia ha supuesto un incremento muy significativo del riesgo de pobreza infantil. En 2020 ya afecta al 33,4% de los niños, lo que supone un aumento de 5,4 puntos respecto al año 2019.

En este sentido, el Síndic reclama la regulación de una renta de suficiencia económica garantizada para los niños y niñas y un sistema integrado de prestaciones económicas para combatir la pobreza infantil.

2. La mejora de la salud mental de los niños

Se ha incrementado un 25% la inversión en salud mental en el último quinquenio, pero ha empeorado la salud mental de los niños y jóvenes

- En la última década, se ha incrementado un 26,5% el número de usuarios de los servicios ambulatorios de salud mental infantil y juvenil. La inversión en salud mental se ha incrementado un 25,0% en el período 2017-2021.

- Sin embargo, en el período 2018-2020 se ha doblado prácticamente la probabilidad de sufrir un problema de salud mental entre los niños de 4 a 14 años: mientras esta probabilidad era del 5,9% en el año 2018, el año 2020 era del 10,6%.

- La pandemia ha incrementado las desigualdades sociales en el ámbito de la salud mental de los niños y adolescentes: los niños de clase baja presentan una evolución más negativa en el período 2018-2020 que los niños de clase social alta.

Ante esto, el Síndic pide garantizar los servicios y recursos necesarios de prevención, detección y atención a la salud mental infantil y juvenil e impulsar el programa para la elaboración del pacto nacional de salud mental.

3. La promoción del acogimiento familiar en el sistema de protección

El Síndic destaca el incremento del presupuesto de la DGAIA (un 39,8% en el período 2016-2020), que se ha destinado sobre todo a financiar el crecimiento de la oferta de plazas residenciales necesarias para dar respuesta a la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. Sin embargo, no se está consiguiendo consolidar un sistema de protección fundamentado en el acogimiento familiar.

- En el período 2017-2021, se han creado 2.540 nuevas plazas de recurso residencial (un 88,4%), mientras que sólo se ha incrementado el número de familias acogedoras en 107 (un 17,0%).

- En septiembre de 2021, menos de la mitad de los niños tutelados (45,9%) están en acogimiento familiar. Si se tienen en cuenta sólo los niños tutelados que no están en familia extensa y al que la Administración ha proporcionado un recurso de protección, menos de una quinta parte (15,6%) están en acogimiento familiar.

- El número de niños en familia ajena se ha mantenido estabilizado en torno a los 900-1000 a lo largo de la última década. Desde 2018, se ha estancado la evolución del número de familias acogedoras.

En el informe se insiste en la necesidad de abordar políticas de desinstitucionalización del sistema protector y de garantía del derecho a tener el recurso de acogimiento familiar a través de políticas dirigidas a la provisión de ese recurso.

4. La educación inclusiva

Se han incrementado los recursos dirigidos a la educación inclusiva en los centros ordinarios y se ha aprobado un nuevo marco normativo (Decreto 150/2017) para consolidar la inclusión escolar, pero no existe la convicción de que se haya avanzado en hacer efectivo el principio de inclusión.

- Como síntoma de los déficits en el despliegue del principio de educación inclusiva, el alumnado escolarizado en centros de educación especial ha crecido un 14,3% desde la aprobación del Decreto 150/2017.

En este sentido, se ve imprescindible el cierre y transformación de los centros de educación especial y la mejora de la provisión de recursos destinados a la consecución de la educación inclusiva. Aparte de la mejora de los recursos, el Síndic también recuerda que falta un cambio cultural de paradigma en la práctica profesional para la aplicación del modelo de educación inclusiva.  

5. La lucha contra la segregación escolar

En el período 2014-2020, el presupuesto ejecutado por el Departamento de Educación ha aumentado de forma sostenida un 41,4% a precios corrientes, cerca de 1.704,3 millones de euros. La mejora de la financiación de la educación no está orientada a revertir los desequilibrios en la composición social de los centros, sino a compensar los efectos de la segregación escolar en las oportunidades educativas del alumnado.

El Pacto contra la segregación escolar se está desplegando pero se está haciendo de forma más lenta de lo que se había planificado inicialmente. Ya se han desarrollado algunas de las actuaciones más significativas, como la aprobación del Decreto 11/2021, de admisión de alumnado, o la elaboración del informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, pero es necesario abordar de forma decidida y sin dilación la fase de implementación de las actuaciones previstas, y particularmente de despliegue de los instrumentos previstos en el nuevo decreto de admisión de alumnado y en su memoria económica. La intensidad con la que se desarrolle esta fase condicionará la capacidad de conseguir cambios estructurales reales.

Por lo anterior, el Síndic ve necesario que se desplieguen los principales instrumentos previstos en el Decreto de admisión de alumnado, la concesión de las ayudas económicas a los centros para la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas, la aprobación del protocolo de uso de la reserva de plazas y la mejora de los recursos de los centros con elevada complejidad.

6. La lucha contra el abandono educativo prematuro

Desde el año 2017, se ha estancado la reducción del abandono educativo prematuro en Cataluña. Desde el curso 2016/2017, existe un estancamiento de las tasas de escolarización de los 16 a los 19 años y también desde el año 2017 de la tasa de abandono educativo prematuro, muy condicionado a la coyuntura económica. Uno de los déficits estructurales del sistema educativo tiene que ver con la elevada prevalencia del abandono educativo prematuro (17,4%), con proporciones significativamente superiores a la media del conjunto de la Unión Europea (9,9%), y ligeramente superiores a la media española (16,0%).

Hay que crear oferta suficiente de formación profesional para la demanda existente y, en especial, garantizar una plaza de CFGM a todo el alumnado preinscrito en estas enseñanzas, con una especial atención al alumnado que ha finalizado la ESO o PFI el curso anterior , oa los jóvenes que en cursos precedentes abandonaron prematuramente el sistema.

7. La lucha contra las desigualdades sociales en el acceso al ocio educativo

A pesar de la mejora de la inversión durante la pandemia, las desigualdades de acceso al ocio educativo se han incrementado. La mejora de la inversión se ha destinado sobre todo a compensar los efectos económicos de la reducción de la participación y también a garantizar la protección de los participantes frente a la COVID-19, pero no a desarrollar medidas que incidieran de forma directa en la reducción de las desigualdades de acceso.

- La pandemia ha incrementado las desigualdades: la participación de los niños socialmente desfavorecidos se redujo a la mitad, mientras que esta participación entre los niños socialmente desfavorecidos fue inferior al 5%.

- Si se toma el nivel de estudios, la participación en las actividades extraescolares no deportivas entre los niños con progenitores con estudios superiores ha decrecido del 55,5% al ​​52,5% en el período 2018-2020, mientras que entre los niños con progenitores con estudios primarios, del 26,8% al 11,4%, más de la mitad.

El Síndic ve necesario un plan de fomento de la equidad para la participación de los niños con necesidades educativas específicas en la oferta de ocio.

8. La lucha contra la exclusión residencial

Aumenta la provisión de vivienda de emergencia social pero no con la intensidad necesaria para dar respuesta a las situaciones de exclusión residencial. Sin embargo, el incremento del 8,6% en dos años es poco significativo si se tienen en cuenta el contexto de crisis económica derivada de la pandemia y la demanda existente.

En septiembre de 2021, existen 597 familias con resolución favorable de la Mesa de emergencias de Cataluña. En Barcelona ciudad hay 81 asentamientos en los que viven 409 personas, entre las cuales hay 59 niños.

El Síndic insiste en que es necesario garantizar la inmediatez de la adjudicación de viviendas de emergencia social en condiciones residenciales adecuadas para los niños en los casos de las unidades de convivencia con niños a cargo, excluyendo pensiones o centros de acogida temporal. 

9. La compensación del impacto de la pandemia en el acceso a los servicios

La pandemia ha afectado negativamente al acceso de los niños a diversos servicios que atienden sus necesidades sociales y educativas y que se ocupan de la prevención de las situaciones de riesgo social, pero esta menor cobertura, aunque tenga carácter temporal, puede generar efectos sobre su desarrollo futuro.

- El alumnado matriculado en la educación infantil de primer ciclo se ha reducido un 19% por efecto de la pandemia, previsiblemente con una mayor afectación entre el alumnado socialmente desfavorecido.

- Respecto al año anterior, en 2020 se redujo un 5% el número de niños atendidos en los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP), por primera vez en la última década.

- Se han reducido las listas de espera de salud de los niños en el caso de las intervenciones quirúrgicas, pero se han incrementado en el caso de consultas externas y pruebas diagnósticas.

En este ámbito, el Síndic pide, entre otros, restituir la convocatoria anual de subvención a los ayuntamientos para la escolarización de niños de cero a tres años que se encuentren en situaciones socioeconómicas desfavorecidas, completar el despliegue de los servicios de intervención socioeducativa y su implantación, y emplear esfuerzos para poder garantizar la presencialidad del servicio y la aplicación del protocolo de actividades preventivas.

10. La lucha contra las violencias: racismo, homofobia y violencia sexual

Hay agresiones homófobas y racistas, aunque están fuertemente invisibilizadas, y si bien existen protocolos para combatir la homofobia y el racismo en las escuelas, están infrautilizados.

Las agresiones sexuales hacia menores de edad han aumentado durante el año 2021. El porcentaje de víctimas de delitos sexuales menores de edad del primer trimestre de este año (48,5%, casi la mitad del total) ha aumentado significativamente respecto al primer semestre del año 2020 (36,1%) o el primer semestre de 2019 (43,3%). 

Por otra parte, existen déficits en la detección de signos de sufrimiento emocional del alumnado por parte de los profesionales de los centros.

También se ha detectado que no existe suficiente protección de las adolescentes en centros residenciales del sistema de protección a la infancia frente a la explotación sexual. Los adolescentes atendidos por el sistema de protección son especialmente vulnerables a la explotación sexual y presentan un riesgo de sufrir esa forma de victimización marcadamente superior a la población infantil en general.

Es necesario mejorar la aplicación de los protocolos de detección y atención ante situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes.

Es necesario mejorar la educación afectivosexual y evitar el acceso de los niños y adolescentes a contenidos que fomentan la violencia sexual.

Es necesario garantizar información a los niños sobre sus derechos y aumentar la formación de los profesores y el resto de profesionales que trabajan con niños sobre cómo prevenir y detectar las situaciones de violencia hacia los niños.

• Acceso al informe en pdf (en catalán)
• Acceso al informe complementario (en catalán)

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