El Síndic investiga de oficio las afectaciones que puede tener para la población vulnerable el cierre progresivo de oficinas bancarias de atención presencial

El Síndic es conocedor de los problemas de accesibilidad a los servicios de bancos y cajas que sufren muchas personas mayores a raíz de la progresiva supresión de oficinas bancarias en el territorio y la necesidad de operar online. Para estas personas, la realización de cualquier gestión o la disposición de efectivo a menudo requiere trasladarse a otras localidades, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero.

Los servicios bancarios son un servicio de interés general y, por tanto, las administraciones públicas quedan sujetas a las obligaciones específicas de servicio público y deben garantizar el acceso a todas las personas, con un mínimo de calidad y con un precio asequible. La Ley del Síndic le habilita para supervisar la actividad de las empresas privadas que gestionan o lleven a cabo servicios públicos y, en consecuencia, puede supervisar la actividad bancaria en casos considerados esenciales, como es el caso de la atención a las personas vulnerables por dificultades de acceso.

Los datos estadísticos muestran que en torno al 12% de la población tiene problemas de accesibilidad a los servicios bancarios, por la lejanía física de las oficinas, los horarios de atención al cliente, la incomprensión de los servicios que ofrecen o, incluso, la falta de medios de transporte.

Por todo lo anterior, a principios de diciembre de 2021, el Síndic abrió una actuación de oficio para conocer los motivos que han llevado a diferentes entidades bancarias a reducir de forma progresiva su red de atención presencial, y las incidencias negativas que provoca esta situación a gran parte de personas vulnerables, especialmente a la gente mayor y que vive en las zonas rurales.

En concreto, se ha dirigido al Banco de España, como ente regulador, y a las cuatro principales entidades bancarias que operan en Cataluña (Banco Sabadell, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Caixabank), para conocer, entre otras cuestiones, la regulación sobre la apertura y cierre de sucursales de entidades bancarias, cuantas sucursales han sido suprimidas durante los años 2020 y 2021, la sustitución de las oficinas físicas por oficinas móviles y/o personal de apoyo, y sobre el medio de pago más común en el Estado. 

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