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El Síndic pide la cesión de la totalidad de las viviendas que la SAREB tiene en Cataluña para que se dediquen al alquiler social

Desde la creación de la SAREB, en el año 2012, el Síndic se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con la necesidad de que ésta cediera al menos un 30% de las viviendas, obtenidas de entidades financieras rescatadas con dinero público. alquiler social, y que fueran las administraciones públicas y el Tercer Sector quienes se ocuparan de gestionarlos.

En el mismo sentido, desde hace tiempo el Síndic advierte sobre la necesidad de acometer las reformas legislativas necesarias para garantizar que la SAREB pase a ser un instrumento de política de vivienda y no sólo de política financiera.

En el mes de febrero de 2018 el Síndic ya presentó ante el Parlamento de Cataluña el informe El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, que constataba que incluso en caso de que la SAREB llegara a dar cumplimiento a los compromisos de cesión de viviendas formalizadas con diversas administraciones, el porcentaje de viviendas cedido supondría sólo un 1,5% de sus activos inmobiliarios. Teniendo en cuenta que Cataluña es una de las principales ubicaciones de los activos inmobiliarios de la SAREB, el informe apuntaba que la SAREB tenía -según datos del año 2016- alrededor de 23.600 activos inmobiliarios, de los cuales 10.000 eran viviendas.

A finales de enero, los medios de comunicación se hicieron eco de la oferta formal del FROB para la adquisición de la totalidad de las acciones de la SAREB, que actualmente pertenecen a entidades privadas. De ello deriva la voluntad del Gobierno del Estado de asumir una posición dominante en la entidad SAREB y también la de ceder el usufructo de las viviendas titularidad de la SAREB a la Administración autonómica ya la local, así como a las entidades del Tercer Sector para que los destinen al alquiler social.

Posteriormente, el Gobierno del Estado aprobó el Plan de vivienda 2022-2025, en el que se establece, de forma específica y como instrumento para favorecer el acceso a la vivienda, un programa de cesión de viviendas de la SAREB a favor de la Administración y de entidades sin ánimo de lucro para que se dediquen al alquiler social.

En este contexto, el Síndic pide que esta cesión afecte a la totalidad de las viviendas que la SAREB tiene en Cataluña, y que se prevea la adopción de las medidas cautelares necesarias, mientras no se pueda materializar la cesión, en relación con aquellas personas que actualmente viven en viviendas propiedad de la SAREB y se encuentran en situación de exclusión residencial y de vulnerabilidad, mediante la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio en curso, mientras no se pueda valorar, caso por caso, la posible regularización de la situación de empleo mediante la formalización de un contrato de alquiler social.

Con el fin de estudiar todo lo expuesto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a la Agencia de la Vivienda de Cataluña para que le informe del número de viviendas propiedad de la SAREB que gestiona actualmente, la previsión con la que se trabaja para la cesión de las viviendas, las actuaciones que están llevando a cabo el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado para agilizar y concretar esta cesión y la financiación del programa de cesión de viviendas.

Paralelamente, también ha pedido al Defensor del Pueblo que se dirija al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya la SAREB para que expliquen la previsión con la que trabajan para conseguir la cesión total, y las medidas que se tomarán para asegurar que ésta cesión vendrá acompañada de la financiación necesaria que permita garantizar la habitabilidad y la accesibilidad de las viviendas y también la gestión posterior.

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