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El Síndic, en el marco del debate en el Parlamento de su Informe 2021, pide fortalecer el estado del bienestar para superar la profunda crisis social evidenciada por la pandemia

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe en el Parlamento 2021 y el Informe sobre el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar.

Informe en el Parlamento

El informe en el Parlament, que fue presentado el pasado 11 de febrero a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y que es el documento que recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas durante el año, ha sido marcado por la crisis de la COVID-19, con las consiguientes afectaciones no sólo al sistema de salud, sino a un amplio conjunto de derechos en la actividad económica del país.

El síndic ha querido destacar que durante 2021 se ha vuelto a superar el récord de quejas presentadas a la institución, cerca de 12.000, y se han tramitado más de 18.000. También ha habido más de 12.700 consultas y un elevado número de actuaciones de oficio (264).

Una vez más, las actuaciones vinculadas a las políticas sociales son las que tienen mayor protagonismo en la institución del Síndic, con más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60% de nuevas actuaciones de oficio. En cuanto al derecho a la salud, el mayor impacto de la Covid está en las afectaciones que ha tenido en la atención primaria y en las listas de espera. En este ámbito, el Síndic pide desplegar con determinación y firmeza el Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria que se ha puesto en marcha.

En cuanto a la pobreza, el Síndic denuncia que la pandemia ha aumentado la tasa de pobreza en Cataluña y reivindica que es necesario avanzar en la redefinición de las prestaciones existentes y en la configuración de un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables. También ha denunciado que con la pandemia se han incrementado las dificultades en el acceso y en el mantenimiento de la vivienda habitual, lo que hace más evidente la insuficiencia del parque de vivienda social existente, y el número de personas en situación de pobreza energética.

En educación, el Síndic ha querido destacar que el Pacto contra la segregación escolar se está desplegando de forma más lenta de lo previsto y pide que se aborde de forma decidida y sin dilación la fase de la implementación de las actuaciones previstas, particularmente de los instrumentos previstos en el nuevo decreto de admisión de alumnado.

En materia medioambiental, el Síndic ha destacado los cientos de quejas recibidas por el desacuerdo con la configuración del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, por el sistema de recogida selectiva implantado en varios municipios o por el rechazo al modelo establecido en el Decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El Síndic ha recomendado mejoras a la Administración tanto en lo que se refiere a la configuración del impuesto del CO2 (como, por ejemplo, no tasar vehículos que están dados de baja), el reajuste de la gestión de residuos (adaptándola a las necesidades de cada barrio o municipio) y en la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de implantación de energías renovables y priorizar la implantación en suelos degradados o ya alterados.

El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar

En la misma sesión de la Comisión se ha debatido el informe El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, que recoge propuestas relacionadas con los sistemas de información municipal, los pactos locales y la planificación educativa, que ya fue presentado el pasado 16 de marzo.

El informe analiza el papel clave que desempeñan los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, de acuerdo con sus competencias en materia de educación, especialmente a cinco niveles básicos de intervención: la detección del alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas; la lucha contra los desequilibrios en la planificación y gestión del proceso de admisión de alumnado; la creación de equivalencias entre los proyectos educativos de centro; la vinculación de los centros con el entorno y con el resto de centros; y la construcción de discursos en el ámbito educativo y la implicación y empoderamiento de los actores en la gobernanza local del fenómeno.

Durante la comparecencia se ha destacado que el nuevo decreto prevé un papel más importante para la Administración local, puesto que todos los municipios de más de 10.000 habitantes constituirán mesas locales de planificación educativa, integradas por el Departamento de Educación y los ayuntamientos, con amplias funciones en aspectos tales como la programación anual de la oferta educativa.

También se ha manifestado que a pesar de la mayoría de los ayuntamientos elaboran diferentes instrumentos de publicidad activa para informar a las familias sobre la oferta educativa y el proceso de admisión del alumnado, a menudo éstos no son adecuados para combatir la segregación escolar. En este sentido, se considera que es necesario redefinirlos para que se conviertan en verdaderos instrumentos que ayuden a combatir la segregación.

Por último, el informe insiste en la necesidad de promover pactos locales contra la segregación escolar que definan criterios y medidas a desarrollar para combatir este fenómeno en el municipio, a partir de la participación y el trabajo compartido de los agentes de la comunidad educativa, y con el coliderazgo del Departamento de Educación. Los pactos locales permiten visibilizar el problema de la segregación escolar y situarlo en la agenda política, alinear a los actores claves en el abordaje del fenómeno, más allá de los intereses particulares de cada actor, y apoderar y legitimar a las administraciones a adoptar medidas decididas.

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