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El Síndic debate en comisión el informe anual del MCPT y el informe anual de transparencia y acceso a la información pública

25/04/2022

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En el marco del MCPT, a pesar de la pandemia, se han realizado 29 visitas presenciales a centros con personas privadas de libertad

La contención mecánica es la última alternativa y debería ser una medida exclusivamente sanitaria

En materia de transparencia, se mantiene la doble velocidad en publicidad informativa

Existen demasiadas solicitudes de acceso a la información que quedan sin respuesta

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado del adjunto, Jaume Saura, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe anual del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) y el Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fueron presentados en el Parlamento 28 de diciembre de 2021 y el 25 de marzo de 2022, respectivamente.

Informe anual del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura

Este informe, que es el undécimo que presenta en el Parlamento, recoge la actividad realizada a lo largo del año 2021 por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MCPT).

Aunque en febrero de 2021 se reanudaron las visitas presenciales a centros con personas privadas de libertad, que habían sido interrumpidas por la pandemia, estas visitas –en 29 centros– todavía no se han podido desarrollar con normalidad.

Como novedad, el síndic ha destacado que este año el informe incluye un estudio monográfico con los resultados de una encuesta que se distribuyó a todas las personas internas en centros penitenciarios y de justicia juvenil para valorar la respuesta de las administraciones públicas en la gestión de la Covid-19 en el contexto de privación de libertad.

En relación con la pandemia, el Síndic ha manifestado que los protocolos de prevención adoptados y la vacunación del personal funcionario y de la población interna han permitido que la tasa de contagios en los centros haya sido relativamente baja. Asimismo, también ha valorado positivamente la adaptabilidad a las nuevas situaciones por parte de las direcciones y equipos de profesionales. Sin embargo, ha recomendado mantener y mejorar las comunicaciones telemáticas, que han servido para conectar los centros con el exterior durante la pandemia, de modo que todos los centros dispongan de espacios adecuados y de cobertura suficiente para continuar la experiencia de las comunicaciones vía videollamada.

En cuanto a la aplicación de los medios coercitivos, el Mecanismo recuerda que la inmovilización y contención mecánica deberían ser la última medida en la resolución de situaciones conflictivas y pide que las medidas de desescalada estén protocolizadas y las aplique un equipo multidisciplinar adecuadamente formado y con capacidad en la resolución de conflictos. En el caso concreto de los niños, el Síndic recuerda que la contención mecánica sólo debería aplicarse con criterio médico y con supervisión de profesionales del ámbito de la salud.

En cuanto a los niños con los progenitores en prisión, el síndic insiste en la necesidad de mejorar los espacios de comunicación familiar para garantizar entornos adecuados y amigables para los niños.

En cuanto a la custodia de personas detenidas por las policías locales de Cataluña, el Mecanismo recomienda desde 2014 que las policías locales que practiquen alguna detención trasladen a la persona detenida directamente al ABP de los Mossos d'Esquadra y que, a tal efecto, es establezca un protocolo de actuación entre el ayuntamiento correspondiente y el Departamento de Interior.

Durante sus visitas, el Síndic sigue constatando que las visitas médicas a las que tienen derecho las personas detenidas no se hacen, a todos los efectos, en privado −y, por tanto, no se cumple el Protocolo de Estambul−, y que las comisarías de PG-ME todavía no disponen de cámaras de videovigilancia en las salas de reseña e identificación, carencia que debería corregirse lo antes posible.

Por último, el Mecanismo ha recomendado reiteradamente que se incorpore la perspectiva de género al tratamiento de las mujeres y las adolescentes que se encuentran ingresadas en centros penitenciarios y de justicia juvenil, lo que debería llevar a revisar los módulos y otros espacios de privación de libertad, y los programas de tratamiento que se ofrecen a estas personas, ya repensar otras actividades.

Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

En relación con este informe, que es el sexto que elabora el Síndic desde que le fue encomendada la función de evaluar el cumplimiento de las obligaciones que se regulan en la Ley 19/2014, de transparencia, la novedad más importante es la implementación prueba piloto de evaluación individual para 185 administraciones en relación con los derechos de acceso a la información pública.

En cuanto a la publicidad activa, el Síndic ha denunciado que se mantiene la doble velocidad en publicidad informativa, con las administraciones de menor dimensión, los entes dependientes y los de carácter asociativo claramente por debajo de las mayores administraciones territoriales en el cumplimiento de las obligaciones transparencia. El síndic también ve necesario emplear esfuerzos para que esta información sea comprensible para todos, dado que a mayor volumen de información publicada más importante es que esté bien estructurada y que el portal incorpore herramientas de apoyo que faciliten su localización y comprensión.

En cuanto a la solicitud de acceso a la información pública, el síndic ha querido destacar que a partir de los cuestionarios enviados a las administraciones se han identificado en los últimos tres años un volumen global de solicitudes de alrededor de 10.000 al año. Sin embargo, la institución considera que todavía tiene un potencial de crecimiento significativo y, por ello, reclama acciones conjuntas de las diversas administraciones para difundir el derecho de acceso. Pese a lo anterior, inquieta la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a información que presentan las personas. Si se hace una estimación a partir del porcentaje de solicitudes del test del solicitante oculto que han quedado sin respuesta − un 20% aproximadamente − con relación al número total de solicitudes que declaran haber recibido las administraciones − en torno a 10.000 − , la cifra resultante es de unas 2.000 solicitudes que quedan sin respuesta cada año.

En materia de grupos de interés, el Síndic manifiesta que queda pendiente una reforma del modelo legal que garantice la publicidad efectiva de la actividad de influencia en el conjunto de las administraciones públicas.

En materia de gobierno abierto, el estudio concluye que las administraciones deben disponer de canales de comunicación con la ciudadanía que garanticen una verdadera interlocución, y que vayan más allá de consultas puntuales sobre cuestiones concretas.

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