El síndic denuncia que el impacto de la pandemia en la salud mental evidencia carencias existentes y no resueltas

Esta mañana el síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido en la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones, que se constituyó en noviembre de 2021 con el objetivo de garantizar un modelo público e integrado de atención a la salud mental y adicciones, con un marcado carácter preventivo, de asistencia, rehabilitación, bienestar, enfoque comunitario y proximidad.

Durante su intervención, Rafael Ribó ha explicado el trabajo de la institución a lo largo de los años en esta materia y ha hecho hincapié en los principales problemáticas y carencias que se han detectado.

El síndic ha empezado hablando del aumento de los problemas relacionados con la salud mental de la población, especialmente a raíz de la pandemia, lo que ha exigido una respuesta de la Administración, que se ha materializado en el Pacto nacional de salud mental y en un incremento del presupuesto destinado a este campo. A pesar de que las medidas emprendidas son positivas, el síndico ha querido destacar que las políticas dirigidas a atender la salud mental, que aquí representan un 5% del presupuesto del Departamento de Salud, en otros países del entorno son de entre el 8 y 9%. En esta línea, el síndic también ha destacado que aparte del incremento presupuestario en recursos sanitarios, es necesaria una apuesta clara por la prevención y la atención comunitaria, una cooperación interadministrativa y el establecimiento de protocolos de detección y traspaso de información, y también la actualización de programas como el calendario de seguimiento del niño sano en la atención primaria pediátrica.

Otro tema que preocupa al síndic es que existe una doble discriminación por razones socioeconómicas a la hora de hacer efectivo el derecho a gozar de una salud mental plena. Por un lado, existe una mayor prevalencia entre la población más desfavorecida a sufrir problemas de salud mental, y por otro, existe dificultad para acceder a recursos privados complementarios a la atención pública garantizada.

El síndic también ha querido poner de manifiesto que la mayoría de las quejas planteadas en la institución a lo largo de los años han estado relacionadas con problemas derivados de la organización, la provisión y la accesibilidad de los recursos existentes para atender a los problemas de salud mental. En concreto, son destacables las quejas por las grandes demoras en la programación de visitas a los CDIAP (centros de detección e intervención de atención precoz), a los CSMIJ (centros de atención a la salud mental infantil y juvenil) ya los CSMA (centros salud mental para adultos). También se han recibido numerosas quejas por temas relacionados con el acceso a recursos de hospitalización para pacientes agudos y la duración de los tratamientos. En este sentido, el síndico plantea que un nuevo modelo de hospitalización y la atención a domicilio podría ayudar a aliviar la presión y mejorar el acompañamiento al paciente. El síndic también ha pedido que es necesario garantizar la equidad territorial en el acceso a la salud, ya que a raíz de las quejas recibidas se han detectado carencias de cobertura en algunos puntos.

Durante la intervención, el síndic también se mostró preocupado por la salud mental infantil y juvenil, que empeoró en el último quinquenio, pero sobre todo a raíz de la pandemia, y recomendó promover campañas de sensibilización para evitar el estigma. En este sentido, ha querido recuperar la problemática en cuanto a los ingresos residenciales terapéuticos, que ya fue denunciada en un informe monográfico que se presentó en 2018 y que llevaba por título El derecho a la salud mental infantil y juvenil. Garantías en el acceso y atención a los centros residenciales. Ante las problemáticas recogidas en el informe, el síndico insiste en que es necesario realizar un análisis de la cobertura de los recursos públicos existentes, tanto en el ámbito de salud como de servicios sociales, y valorar la pertinencia de proveer centros residenciales para niños y adolescentes menores dieciocho años que requieran intervenciones o tratamientos de desintoxicación y/o psicoterapia de forma intensiva con acompañamiento social. También manifiesta que es necesario regular y supervisar que todo internamiento de un niño en un centro residencial especializado se lleve a cabo una vez agotadas todas las opciones alternativas disponibles y durante el menor tiempo posible.

Por último, ante las nuevas formas de adicción entre jóvenes y adolescentes (juegos online, redes sociales), el síndic reclama dotar a las familias de herramientas de capacitación en la parentalidad positiva y la alfabetización digital, incluir en el sistema educativo formación sobre uso de la tecnología y educación mediática y crear programas de acompañamiento en el ámbito sociosanitario para prevenir y detectar comportamientos adictivos. En este contexto, Rafael Ribó ha avanzado que la institución está trabajando en la elaboración de un informe monográfico sobre la protección de niños y adolescentes en el uso de internet y que se ha iniciado de oficio una investigación sobre el fenómeno de las criptomonedas, a raíz de una convención sobre criptomonedas en el Palau Olímpic de Badalona organizada por IM Academy, una empresa norteamericana que está siendo investigada por estafa piramidal en todo el mundo; de acuerdo con las informaciones publicadas, parece que la empresa se dedica a captar adolescentes y jóvenes que, a cambio de una inversión económica, entran a formar parte de una organización con un funcionamiento de carácter sectario, la cual, a base de publicidad engañosa, promete el enriquecimiento fácil mediante la adquisición de criptomonedas.

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