El Síndic abre una actuación de oficio para conocer la actuación de las administraciones y de FGC en relación con el accidente ferroviario de ayer en Sant Boi de Llobregat

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una investigación en relación con el accidente que se produjo ayer por la tarde entre un tren de mercancías y un tren de pasajeros de la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), en Sant Boi de Llobregat. De acuerdo con las informaciones publicadas, el tercer vagón de un tren de potasa descarriló e impactó contra la cabina del tren de pasajeros que entonces pasaba por ese punto. El impacto se produjo entre las estaciones de Sant Boi y Molí Nou. Como resultado del impacto, el maquinista del tren de viajeros murió en el acto, y otras nueve personas resultaron heridas. El Síndic traslada sus condolencias a la familia de la víctima mortal y su apoyo a los viajeros heridos.

Como consecuencia de estos hechos, FGC ha informado que la línea Llobregat-Anoia está interrumpida, ya que no existe servicio ferroviario entre Sant Boi y Molí Nou, tramo en el que se ofrece servicio alternativo por carretera.

En el año 2016 el Síndic presentó en el Parlament de Catalunya el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios en Cataluña, que incluía hasta 75 medidas para garantizar los derechos de los pasajeros a un servicio de calidad. El propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) determina que los poderes públicos deben promover políticas de transporte y de comunicación, basadas en criterios de sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad, y que garanticen accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Además, el Estatut también dispone que los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud, la seguridad y la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

El Síndic también abrió actuaciones de oficio a raíz de los accidentes ocurridos en la red de Cercanías de Cataluña en Vacarisses (2018) y Castellgalí (2019), y manifiesta que ha recibido numerosas quejas a lo largo de los años.

En el caso concreto del accidente de Sant Boi de Llobregat, el Síndic quiere conocer cuál se considera que ha sido la causa del accidente y qué actuaciones se han llevado a cabo –o están previstas– para garantizar los derechos de las personas usuarias que viajaban en el convoy accidentado en la asistencia, la seguridad, la indemnización de los daños y la calidad del servicio. También quiere saber cómo gestionará FGC el día a día en esta línea, que ahora está interrumpida (días de duración, afectaciones a los horarios, dotación de los servicios alternativos por carretera, posibles compensaciones, información y atención a las personas usuarias, etc.) y si se ha previsto alguna medida de compensación en los títulos de transporte (abonos o billetes) a las personas que normalmente utilizan la línea.

El Síndic recuerda también que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tiene un uso generalizado entre las personas consumidoras. Además, el mismo Código identifica a unos colectivos de especial protección en las relaciones de consumo, como los niños y los adolescentes, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidades y cualquier otro colectivo en situación de inferioridad o indefensión especiales.

El Síndic estudiará detenidamente todas las quejas que le hagan llegar las personas afectadas. Tanto en el marco de la actuación de oficio como de las quejas que reciba en este caso, la institución trabajará para garantizar los derechos de las personas afectadas, teniendo en cuenta que los títulos de transporte público incluyen un seguro obligatorio de viajes.

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