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El síndic analiza al estado de los derechos desde la perspectiva de la vulnerabilidad y la democracia
Concluye que los derechos deben defenderse más allá de las leyes, para evolucionar hacia un sistema más democrático y respetuoso con las personas
Apunta que hay que poner el acento en las personas y superar el concepto de ciudadanos, que puede ser restrictivo en el disfrute de los derechos
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha impartido hoy en el recinto modernista de Sant Pau una ponencia titulada “El estado de los derechos”, (en catalán) con la que ha hecho balance de sus mandatos como titular de la institución. El acto, que ha sido conducido por la periodista Lídia Heredia y presentado por el abogado y jurista Joan Vintró, también ha contado con la participación de representantes de entidades del tercer sector social y de expertos en varios ámbitos relacionados con los derechos, como Gemma Craywinckel, directora del Servicio Catalán de la Salud; Josep Gassó, presidente de la Fundació Catalana de l'Esplai; Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3; Jaume Castro, responsable de la Comunidad de Sant’Egidio en Barcelona; Liliana Arroyo, doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE, y Lucia Caram, monja dominica contemplativa y activista.
Rafael Ribó ha querido empezar la ponencia poniendo de relieve la importancia de la institución como defensora de las personas y el honor que ha supuesto presidirla, y ha enviado un agradecimiento extenso a todos los trabajadores, colaboradores y personas que de algún modo han velado para garantizar los derechos humanos.
El síndic ha querido insistir que, aunque durante los últimos dieciocho años se ha atendido a más de 650.000 personas, aún hay parte de la población que no conoce la institución, especialmente la más vulnerable, y, por lo tanto, entre todos debemos contribuir a difundirla y hacerla más accesible.
También ha reflexionado sobre el concepto de derecho, que va más allá de lo que recoge la normativa jurídica y, por lo tanto, hay que interpretarlo de forma amplia y de acuerdo con los tratados internacionales y con la Convención de los Derechos Humanos.
En cuanto a los sujetos, Rafael Ribó dice que hay que poner el acento en las personas y superar el concepto de ciudadanos, porque los derechos humanos se predican de todos los seres humanos por igual, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren.
En cuanto al derecho a la salud, ha querido destacar que Cataluña tiene un sistema de salud sobresaliente pero que la covid ha servido para evidenciar que tiene carencias que facilitan la huida hacia la privatización. En este sentido, ha reclamado la importancia de mejorar el sistema de financiación, lo cual permitiría corregir los principales problemas detectados, como por ejemplo la saturación de las urgencias hospitalarias, las listas de espera o las carencias en salud mental y en la atención primaria.
En cuanto al derecho a la educación, el síndic ha insistido una vez más en la necesidad que todas las políticas públicas vayan dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. En este contexto, el Pacto contra la segregación escolar, promovido por la institución, ha sido una buena herramienta y ha permitido reducir en un 10% los niveles de segregación escolar en Cataluña. Esta reducción es aún hoy insuficiente y el síndic insiste que hay que desarrollar los principales instrumentos previstos en el Decreto 11/2021. El síndic también ha querido remarcar la necesidad de un cambio de paradigma y que hay que evolucionar del modelo de escolarización diferenciada hacia un modelo de educación inclusiva. Aparte de mejorar los recursos, el síndic recuerda que también es necesario un cambio cultural. También ha destacado que el modelo lingüístico escolar actual ayuda a reducir las desigualdades educativas y que, por lo tanto, hay que preservarlo.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño reconoce el derecho de los niños a manifestar sus opiniones en los asuntos que les puedan afectar y, especialmente, el derecho a ser escuchados en cualquier procedimiento judicial o administrativo que les afecte. De la experiencia del Síndic se desprende que este derecho aún no es presente en la mayoría de los ámbitos públicos en los que se tiene que aplicar, e insiste que los profesionales que trabajan con los niños deben tener la máxima preparación para que se pueda hacer efectiva una escucha real de forma directa e indirecta, y adecuada a las características del niño.
Es necesario un cambio profundo del modelo de atención y cuidado a la tercera edad. Hay que poner el acento en el cuidado en el hogar, y evitar la tendencia a la institucionalización. La situación de emergencia sanitaria vivida durante el 2020 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los equipamientos residenciales para la tercera edad. En este sentido, el síndic considera imprescindible revisar con urgencia el modelo residencial, analizar a fondo la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica a las personas usuarias y los protocolos vigentes, los recursos humanos y las ratios de profesionales, o los recursos alternativos a los residenciales (pisos tutelados, apoyo al propio hogar).
Rafael Ribó también ha advertido que hay que garantizar el derecho a una vivienda asequible a todas las personas. Esto hace imprescindible incrementar el parque de vivienda público y establecer un plan de choque para dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial.
Gran parte de las actuaciones del Síndic durante los últimos años han sido relacionadas con el incremento de las situaciones de pobreza y con los mecanismos para hacerle frente. Ante ello, el síndic solicita que la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital sean instrumentos de fácil acceso para las personas vulnerables. En este sentido, también ha querido alertar que se acerca una crisis alimentaria por la guerra de Ucrania, que algunas entidades ya han empezado a denunciar, y que la inflación desbocada incrementará la vulnerabilidad de las personas con rentas más bajas. Si bien es cierto que la Ley 24/2015 impide el corte de suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad, queda pendiente dar una solución definitiva a la deuda que contraen y hay que firmar los convenios con las empresas suministradoras para la condonación de dicha deuda.
En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, hay que avanzar mucho aún para fomentar los recursos de inclusión de estas personas en la comunidad, facilitándoles los apoyos que necesiten para vivir de forma independiente, en la línea marcada por la Convención de la ONU. Hay que desarrollar la cartera de servicios y actualizar los módulos.
En cuanto al medio ambiente, los últimos años la crisis ha detenido algunos proyectos, aunque esto no ha significado un cambio total de paradigma ni de mentalidad, puesto que las administraciones han continuado aprobando, con más o menos intensidad, proyectos con incidencia ambiental, paisajística y urbanística. En este punto, el síndic pide a los poderes públicos que ante la existencia de indicios razonables de afectaciones ambientales adopten siempre la opción más prudente y cautelosa y, al mismo tiempo, la menos perjudicial para el territorio.
En los derechos de las personas privadas de libertad, el síndic ha querido poner en valor toda la tarea llevada a cabo por el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura, que semanalmente visita sin previo aviso espacios de privación de libertad (prisiones, comisarías de policía, centros para jóvenes...). Las mejoras en el sistema penitenciario catalán son evidentes, pero hay aspectos que aún deben perfeccionarse, como por ejemplo la atención a personas internas con problemas mentales y adicciones, los protocolos aplicables durante las contenciones y el uso de medidas penales alternativas. En cuanto a los cuerpos de seguridad, el síndic recuerda que los agentes tienen que circunscribir su actuación bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, y que a menudo no se cumple lo establecido en el Protocolo de Estambul en las visitas médicas.
Sobre derechos y libertades, el síndic ha destacado la Convención europea de derechos humanos del Consejo de Europa como la herramienta de defensa más relevante. Utilizando este texto de referencia, el Síndic ha podido constatar que varias normativas de rango legal aprobadas en el Estado vulneraban derechos, como podría ocurrir con la Ley de seguridad ciudadana o con algunas interpretaciones relacionadas con la Ley orgánica electoral. En esta línea ha ejemplificado cómo la defensa de los derechos tiene que ir más allá de las leyes, y ha puesto de relieve la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que recomendaba varias modificaciones legislativas (delito de sedición y rebelión, o de malversación) y estructurales para mejorar la calidad democrática del Estado, a través de la libertad de expresión y reunión, la libertad ideológica o la potenciación del diálogo entre el Estado y las estructuras regionales. El síndic fue invitado a comparecer para hacer el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones ante el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde repasó los incumplimientos en casi todos los puntos por parte de las autoridades competentes.
Durante su intervención, Rafael Ribó ha repasado el mandato y las competencias que le otorga la Ley del Síndic, y también otros mandatos recogidos en otras leyes, como la elaboración de informes del área de infancia de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de los derechos de los niños, o en materia de discriminaciones y LGTBIQ+, aparte del estudio completo del cumplimiento de la Ley de transparencia por parte de las administraciones.
Vídeo de la confèrencia (en catalán)
