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El Síndic alerta al Pleno del Parlamento de la necesidad de promover actuaciones de defensa de los derechos de las personas ante la crisis económica y social
Durante 2021 ha recibido 11.932 quejas y 12.727 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio, el 40% de las cuales son del ámbito de políticas sociales
La crisis originada por la pandemia y la guerra de Ucrania han aumentado el riesgo de vulnerabilidad
Las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades
En materia de medio ambiente es necesario adoptar siempre la opción más prudente y menos perjudicial para el territorio
Once meses después de la adopción de la Resolución 2381 del Consejo de Europa, no se ha cumplido ninguna recomendación en su totalidad
El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para debatir el Informe al Parlamento 2021, que recoge las cifras más destacadas durante el año. Como el anterior, 2021 ha estado marcado por la crisis de la Covid-19, con las consiguientes afectaciones no sólo al sistema de salud, sino a un amplio conjunto de derechos y a la actividad económica del país.
El síndic ha querido destacar que durante 2021 se ha vuelto a superar el récord de quejas presentadas a la institución, cerca de 12.000, y se han tramitado más de 18.000. También ha habido más de 12.700 consultas y un elevado número de actuaciones de oficio (264).
Una vez más, las actuaciones vinculadas a las políticas sociales son las que ostentan mayor protagonismo en la institución del Síndic, con más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60% de nuevas actuaciones de oficio. En cuanto al derecho a la salud, la Covid-19 ha afectado, sobre todo, a la atención primaria y a las listas de espera. En este punto, el síndic ha reclamado que se mejore el sistema de financiación y que se despliegue con determinación y firmeza el Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria que se ha puesto en marcha.
En cuanto a la pobreza, el Síndic denuncia que la pandemia ha aumentado la tasa de pobreza en Cataluña y reivindica que es necesario avanzar en la redefinición de las prestaciones existentes y en la configuración de un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables. En este sentido, también ha querido alertar de los problemas que puede acarrear una crisis alimentaria por la guerra de Ucrania, que algunas entidades ya han comenzado a denunciar, y que el crecimiento de la tasa de inflación incrementará la vulnerabilidad de las personas con rentas más bajas. Si bien es cierto que la Ley 24/2015 impide el corte de suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad, queda pendiente dar una solución definitiva a la deuda que contraen y es necesario firmar los convenios con las empresas suministradoras para la condonación de esta deuda.
Por lo que respecta al derecho a la educación, el síndic ha insistido una vez más en la necesidad de que todas las políticas públicas vayan dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. En este contexto, el Pacto contra la segregación escolar, promovido por la institución, ha sido una buena herramienta y ha permitido reducir un 10% los niveles de segregación escolar en Cataluña. Esta reducción es todavía hoy insuficiente y el síndic insiste en que es necesario desplegar los principales instrumentos previstos en el Decreto 11/2021. El síndic también ha querido remarcar que es necesario un cambio de paradigma y que es preciso evolucionar del modelo de escolarización diferenciada hacia un verdadero modelo de educación inclusiva. Aparte de mejorar los recursos, el síndic recuerda que también es imprescindible un cambio cultural. Asimismo ha destacado que el modelo lingüístico escolar actual ayuda a reducir las desigualdades educativas y que, por tanto, debe ser preservado.
En cuanto al medio ambiente, en los últimos años la crisis ha detenido algunos proyectos, aunque esto no ha significado un cambio total de paradigma ni de mentalidad, ya que las administraciones han continuado aprobando, con mayor o menor intensidad, proyectos con incidencia ambiental, paisajística y urbanística. En este punto, el síndic pide a los poderes públicos que ante la existencia de indicios razonables de afectaciones ambientales adopten siempre la opción más prudente y cautelosa y, al mismo tiempo, la menos perjudicial para el territorio. En este punto ha destacado los cientos de quejas recibidas por el desacuerdo con la configuración del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica o con el sistema de recogida selectiva implantado en varios municipios, o por el rechazo al modelo establecido en el Decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El Síndic ha recomendado mejoras a la Administración en cuanto a la configuración del impuesto del CO2 (como, por ejemplo, no tasar vehículos que están dados de baja), el reajuste de la gestión de residuos (adaptándola a las necesidades de cada barrio o municipio) y la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de implantación de energías renovables y priorizar la implantación en suelos degradados o ya alterados.
En el apartado derechos civiles y políticos, el síndic ha hecho hincapié en el informe ¿Se deberían juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?, que realiza un seguimiento de la Resolución 2381 del Consejo de Europa, y que planteaba, entre otros, el necesario tratamiento político −no penal− del conflicto catalán, la modificación de delitos como el de sedición, rebelión y malversación y el diálogo entre las partes. El Síndic ha destacado que once meses después de la adopción de la Resolución, no se ha cumplido ninguna recomendación en su totalidad, y ha explicado que así lo denunció durante su comparecencia en audiencia en el Consejo de Europa del pasado 29 de abril.
