La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña pide compatibilizar el proceso de digitalización con los derechos de las personas más vulnerables

Esta mañana ha tenido lugar la jornada "Retos para los derechos derivados de la brecha digital", organizada por la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC), que está integrada por el Síndic de Greuges y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC).

El EDHC se creó en 2017 con las funciones de coordinar una red de derechos con entidades sociales, elaborar una propuesta de estado de los derechos humanos y emitir opiniones sobre los proyectos y las proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que tengan incidencia en el ámbito de los derechos humanos.

La jornada se ha iniciado con la inauguración por parte de Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña, y Montse Tafalla, presidenta del IDHC, que han hablado de la importancia de disponer del Plan de derechos humanos y la necesidad de que los diversos gobiernos dediquen esfuerzos y recursos para cumplir los retos que plantea. También han justificado la necesidad de esta jornada, sobre todo porque a raíz de la pandemia y con la digitalización de la Administración, los colectivos más vulnerables han visto desprotegidos parte de sus derechos más esenciales.

La jornada de hoy se ha dividido en dos partes. En la primera, se ha querido dar cuenta de los trabajos realizados para la elaboración del Plan de derechos humanos de Cataluña y para el proceso de identificación de indicadores que permitan realizar el seguimiento del cumplimiento de este plan. En este punto, Jaume Saura, adjunto general del Síndic, ha hablado sobre el alcance y contenido del Plan de derechos humanos y ha explicado que fue un encargo del Gobierno de la Generalitat. El Plan, que se presentó en diciembre de 2019, consta de un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas que debían ponerse en marcha para hacer efectivos los derechos humanos en Cataluña en los cuatro años siguientes. A lo largo de 2021 se encargó a las entidades que participaron en la elaboración del Plan el diseño de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las acciones que contiene. En este punto, Laia Serra, abogada penalista y activista, ha explicado el proceso de elaboración de los indicadores que deben evaluar el cumplimiento de la implementación en materia LGTBI.

La segunda parte de la jornada se ha centrado en el impacto de la digitalización de la administración en el disfrute efectivo de los derechos humanos, en especial en los colectivos más vulnerables. En este punto Rafael Jiménez Asensio, doctor en derecho y consultor institucional, ha impartido una ponencia sobre la brecha digital en la atención ciudadana de las administraciones públicas. Para Jiménez Asensio, el proceso de digitalización es inevitable, pero al mismo tiempo es imprescindible que las administraciones públicas garanticen que no se deja nadie atrás, y, por tanto, es necesario armonizar adecuadamente este proceso con el derecho de las personas a relacionarse presencialmente, de forma física o, si lo prefieren, mediante papel. Y en este contexto, criticó que durante la pandemia las administraciones han sido del todo incapaces de cumplir con sus obligaciones de prestar asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas físicas. Jiménez Asensio también ha destacado que se está produciendo una fortificación de las organizaciones públicas, que han perdido su razón de ser, que es atender a las personas y prestarles servicios. Según el experto, esta fortificación afecta, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.

Posteriormente, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado Mónika Jiménez-Morales (UPF), para hablar de las TIC y los derechos de los niños; Elena Costas (KSNET), que ha tratado el tema de la vulnerabilidad y la brecha digital; Karlos Castilla (IDHC), que se ha centrado en las tecnologías, la igualdad y la no discriminación, y Alejandro Forero (OSPDH), que ha hablado de la brecha digital que sufren las personas privadas de libertad.

Durante la clausura, Rafael Ribó ha querido destacar que la jornada ha servido para enviar el mensaje a las administraciones de que es necesario implementar medidas para garantizar los derechos de los más vulnerables ante la brecha y la pobreza digital. También ha hablado de la inteligencia artificial y de los riesgos asociados a los derechos de las personas (opacidad, posible vulneración del derecho a la privacidad y protección de datos personales) y ha interpelado directamente a las instituciones de ombudsman, en su papel de garantes de estos derechos.

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