El síndic participa en una jornada sobre ciberseguridad y espionaje en el marco de la UE

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha participado telemáticamente esta tarde en una jornada organizada por la Delegación del Gobierno ante la UE para debatir sobre si los softwares espías son compatibles con la legislación europea, y qué medidas pueden adoptar los gobiernos para proteger a los ciudadanos europeos y garantizar la ciberseguridad dentro de la Unión Europea.

Durante la jornada, Ribó ha presentado el informe Caso Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos, que entregó al Parlament de Cataluña el pasado mes de junio. 

En este contexto, el Síndic ha querido destacar que los sistemas de ciberespionaje globales son una realidad en Europa y que provocarán un debate y una reflexión sobre la forma en que las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad deben controlar el uso de estos recursos tecnológicos.

En el caso concreto de España, el Síndic ha concluido que el espionaje realizado mediante Pegasus es un atentado a los derechos fundamentales de las personas afectadas. En el caso de las dieciocho personas que supuestamente fueron espiadas con autorización judicial, el Síndic ha destacado que este espionaje puede haber supuesto un atentado a derechos fundamentales, aunque se haya respetado la legalidad formal.

En cuanto al resto de personas, más de cuarenta, Rafael Ribó ha manifestado que varios indicios apuntan a que no se ha respetado ningún tipo de legalidad y que la injerencia sobre sus derechos fundamentales se ha hecho sin restricciones y sin ningún control. En concreto, a criterio de la institución, se han producido lesiones injustificadas en el derecho a la intimidad personal, familiar y profesional; en el derecho de defensa; en el derecho a la confidencialidad entre cliente y abogado; en el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos personalmente o por medio de sus representantes, y en el derecho a un juez predeterminado por la ley.

Ante estos hechos tan graves, el Síndic ha querido insistir en que es necesario que los poderes públicos reparen los daños causados ​​a las personas afectadas y que reformen urgentemente la Ley de secretos oficiales. En este sentido, Ribó ve imprescindible fijar un límite temporal en las observaciones de las comunicaciones, dado que con el diseño legal actual podrían ser indefinidas. También cree que una vez finalizada la actuación gubernativa de observación y concluida con una resolución judicial valorativa, sería conveniente trasladar el expediente a la persona interesada, con pleno acceso al expediente administrativo y judicial generado, a fin de que pueda legar lo que considere adecuado sobre la eventual vulneración de sus derechos.

Por último, a criterio del Síndic la ley también debería explicitar que quedan excluidas de investigación las observaciones de miembros de partidos políticos, sindicatos y asociaciones legales, y que se prohíbe observar o interferir de cualquier manera las relaciones entre cliente y abogado.

En la jornada, que ha estado presidida por Gorka Knörr, representante de la Generalitat de Cataluña ante la UE, también ha participado Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y colaborador en el informe del Síndic.

El debate ha sido moderado por Laura Kabelka, reportera técnica de EURACTIV,una red de comunicación especializada en política de la Unión Europea.

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