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La síndica pide que el incremento de la inversión en educación priorice los centros con elevada complejidad
En los centros públicos con elevada complejidad se hace discriminación positiva en la provisión de plantillas, pero es insuficiente
La reducción de las horas lectivas para el profesorado de los centros públicos (con 3.500 profesores más a partir de enero) o la reducción de ratios del curso 2022/2023 no se aplican con criterios de equidad
En los centros concertados no se tiene en cuenta la característica de alta complejidad a la hora de determinar su financiación
Los centros públicos con elevada complejidad están especialmente afectados por una elevada movilidad de las plantillas y no existe ninguna política de incentivos para revertirla
Es necesario que estos centros dispongan de más horas de coordinación y tutoría del profesorado y que se mejore la dotación de personal de atención educativa
Hoy se ha entregado al Parlamento de Cataluña el informe La dotación de personal y la gestión de equipos educativos en los centros con elevada complejidad, que recoge los resultados de los trabajos desarrollados por la Comisión de estudio sobre derechos laborales, dotación de personal y segregación escolar, en el marco del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña. Esta comisión tiene por objetivo formular propuestas de mejora relacionadas con la provisión de personal docente y de apoyo a los centros con elevada complejidad. De acuerdo con datos del curso escolar 2021/2022, en Cataluña existen 666 centros públicos y 64 centros concertados de alta y muy alta complejidad (gráfico 1).
El informe pone en valor el esfuerzo del Departamento de Educación en la lucha contra la segregación escolar, el incremento del presupuesto destinado a la educación (del 52,5% desde 2014) o el incremento de la dotación de plantillas a los centros públicos (del 18,3% desde 2014), que han permitido reducir las ratios de alumnado por profesor. Sin embargo, los centros de alta complejidad tienen aún una serie de déficits, especialmente en relación con la gestión de los equipos educativos, que no se han revertido a partir de este incremento de recursos.
En primer lugar, el informe reconoce que la normativa que regula la provisión de plantillas a los centros públicos discrimina positivamente los centros con elevada complejidad, de modo que estos centros tienen una dotación de personal docente más elevada que los centros que no tienen esta complejidad. A pesar de ello, esta medida es insuficiente: un centro de primaria de máxima complejidad tiene una dotación docente más por cada línea (9 unidades) que un centro de complejidad estándar, lo cual significa un profesional docente más por cada 180 alumnos. El año 2022 solo el 1,8% del personal docente de primaria se destina a compensar el nivel de complejidad de los centros, y solo el 2,7% se destina a atender las necesidades derivadas de la educación inclusiva del alumnado con necesidades educativas especiales (gráfico 2).
Las reducciones de las ratios o la reducción de horas lectivas son medidas que ayudan a mejorar las condiciones en las que se presta el servicio educativo en el conjunto de los centros escolares, pero se han aplicado de manera lineal, sin contribuir a garantizar una distribución más equitativa del profesorado entre centros en función de su complejidad educativa.
En el caso de los centros concertados de alta complejidad, esta dotación es aún más marginal, puesto que el concierto educativo es totalmente lineal y no está condicionado a la complejidad de los centros. La no equiparación de las dotaciones de plantillas entre centros públicos y concertados hace que los centros concertados con alta o muy alta complejidad se encuentren en una situación más precaria que el resto de centros concertados, y también que el resto de centros públicos, independientemente de su complejidad. En el caso de las aulas de acogida, por ejemplo, el 68,9% de centros públicos de muy alta complejidad tienen dotación de este tipo de aula, y solo la tienen el 45,5% de los centros concertados de muy alta complejidad.
El informe también destaca que en el sector concertado es más prevalente la contratación de personal docente adicional mediante el pago de cuotas de las familias, circunstancia que no se produce tanto en los centros concertados con elevada complejidad. Por lo tanto, los centros concertados con elevada complejidad, a diferencia de los del sector público, acostumbran a disponer de una dotación de plantillas más baja que los centros concertados con una composición social favorecida.
La insuficiencia de personal en los centros de alta complejidad afecta especialmente al personal de atención educativa, tanto en los centros públicos como en los concertados. En este sentido, el Departamento de Educación garantiza una dotación de técnicos especialistas en educación infantil (TEI) a las escuelas y una dotación de técnico de integración social (TIS) a los institutos que son considerados de máxima complejidad, pero no está garantizada esta provisión en centros de alta complejidad, ni tampoco, en el caso de los TEI, en escuelas de máxima complejidad de una línea. Por ejemplo, cerca del 40% de centros de alta complejidad no tiene la figura profesional del TIS.
La provisión de este apoyo a los centros con elevada complejidad es limitada. En el caso de los TIS, por ejemplo, el curso 2021/2022 había una ratio de TIS por cada 393,2 alumnos en los centros con elevada complejidad en el sector público y una por cada 712,7 alumnos en los centros con elevada complejidad en el sector concertado. Si tomamos como referencia los educadores sociales, la ratio es de una dotación por cada 2.260,7 alumnos en centros públicos con elevada complejidad. Se hace difícil incidir de forma significativa en las condiciones de educabilidad del alumnado de estos centros con estas ratios.
Las direcciones de los centros con elevada complejidad también señalan la insuficiencia de apoyos como por ejemplo las aulas de acogida o el personal de apoyo que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, para garantizar un sistema educativo verdaderamente inclusivo. Así, por ejemplo, el 31,1% de los centros públicos de muy alta complejidad y el 54,5% de los centros concertados de muy alta complejidad no disponen de aula de acogida, y lo mismo sucede con el 54,2% y el 69,8% de los centros públicos y concertados de alta complejidad (gráfico 3).
Otro de los déficits que señala el informe es la elevada movilidad de las plantillas, que las cifras indican que afecta especialmente a los centros con especial complejidad socioeducativa, la cual está relacionada con la falta de incentivos para ejercer la función docente en estos centros. El porcentaje de interinos en los centros de muy alta complejidad (52,1% en primaria y 60,5% en secundaria) se sitúa por encima de la media (41,0% en primaria y 50,7% en secundaria) (gráfico 4). El porcentaje de plazas de destino definitivo en estos centros (33,0% en primaria y 20,6% en secundaria), en cambio, se sitúa por debajo de la media (40,6% en primaria y 29,0% en secundaria).
Además, los déficits del profesorado en formación y experiencia relacionadas con la atención de la diversidad comportan que parte del profesorado que accede a los centros públicos con elevada complejidad no disponga de la preparación necesaria para desarrollar su tarea en este tipo de centros.
La concentración de necesidades educativas específicas en los centros con elevada complejidad exige a los profesionales de estos centros una mayor coordinación con la red de servicios sociales, educativos y de salud del territorio que atiende al alumnado fuera del horario escolar. Pero la normativa que regula el horario laboral no ofrece un tratamiento específico al personal que trabaja en estos centros ni reserva más tiempo a hacer tareas de coordinación a estos profesionales en comparación con los profesionales que trabajan en centros sin esta complejidad.
La saturación de los EAP y otros servicios educativos de zona y la dedicación y el apoyo insuficiente de estos servicios a los centros con elevada complejidad también dificultan este trabajo en red.
A partir de aquí, el informe enumera algunas propuestas de actuación que van en la línea de conseguir plantillas más competentes para atender la complejidad, conseguir equipos educativos más estables y cohesionados, incrementar las dotaciones de profesionales o hacer un trabajo más integrado en el entorno.
Así, por ejemplo, algunas de las medidas propuestas son incrementar la provisión de personal de atención educativa en los centros con elevada complejidad e incorporarlo como parte de la plantilla; promover un programa específico de formación y acompañamiento para los equipos educativos de estos centros; mejorar las condiciones de trabajo en las que el profesorado de estos centros desarrolla su trabajo o establecer un sistema de incentivos no económicos orientado a la retención y estabilización de la plantilla; incrementar las horas de coordinación y tutoría del profesorado, y desplegar los contratos programa para dotar de más recursos este tipo de centros.
