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La síndica alerta de la tendencia al alza de los indicadores de vulnerabilidad social de la infancia
La síndica y la adjunta de infancia han debatido los informes anuales de los últimos dos años ante la Comisión de Infancia del Parlamento
La pobreza infantil ha crecido en Cataluña cerca de 10 puntos porcentuales desde 2008
La atención en el ámbito de la salud mental está por debajo de la prevalencia de problemas de salud mental de la población infantil, y la media de visitas es claramente insuficiente
Los datos de acogimiento familiar no mejoran a lo largo de los años
Es necesario ajustar la oferta y la demanda de la FP para mejorar los indicadores de abandono educativo prematuro
Es preciso adaptar la acogida y el apoyo que se da a los adolescentes migrantes no acompañados en centros residenciales, que actualmente está aumentando de manera significativa
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, han comparecido esta tarde ante la Comisión de Infancia del Parlamento para debatir los informes sobre los derechos del niño de los años 2021 y 2022.
Estos informes dan cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con referencia al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.
En sus intervenciones, la síndica y la adjunta han explicado los diez puntos que deberían ser prioritarios en la actuación de la Administración en el ámbito de la infancia:
1. La lucha contra la pobreza infantil
2. La lucha contra la exclusión residencial
3. La mejora de la salud mental de niños y adolescentes
4. La garantía del recurso adecuado en el sistema de protección
5. La lucha contra la segregación escolar
6. La lucha contra el abandono escolar prematuro
7. El acceso en condiciones de igualdad al ocio educativo
8. La inclusión educativa del alumnado con discapacidad
9. La protección contra las violencias
10. La escucha y la participación de los niños
En cuanto a la pobreza infantil, durante la intervención se ha destacado que desde la crisis económica de 2008, ésta ha crecido en Cataluña cerca de 10 puntos porcentuales. La síndica es consciente de que existen políticas de transferencia de renta y de provisión de servicios dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales y económicas, pero denuncia que, aunque los últimos años se ha incrementado la financiación y la cobertura, no se consigue cubrir las necesidades existentes. Por ello, entre otras medidas, pide mejorar la cobertura y el diseño de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.
También ha denunciado que a pesar del descenso experimentado durante la pandemia, se están incrementando los casos de desahucio de familias con menores a cargo atendidas por los servicios de vivienda, así como la demanda de vivienda social.
En cuanto a la salud mental, a pesar del incremento del número de niños atendidos, aún se detectan carencias en la cobertura y la intensidad de los tratamientos prescritos (periodicidad de las visitas) de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).
En cuanto al sistema protector de la infancia y la adolescencia, la síndica ha querido destacar que el acogimiento residencial continúa siendo preponderante, y que el acogimiento familiar, que es la medida más adecuada para garantizar el bienestar de los niños, no crece desde hace años. Se ha incrementado también la presencia de niños tutelados menores de seis años en acogimiento residencial (que ha pasado de 123 el año 2020 a 212 el mes de septiembre de 2022 en el caso de los menores de seis años).
Respecto a los adolescentes migrantes no acompañados en centros residenciales, la síndica ha manifestado que desde el año 2016 han pasado de 527 a 2.061 (septiembre de 2022), hecho que hace necesario adaptar el sistema de protección y la atención que se presta a sus necesidades socioeducativas.
Sobre la segregación escolar, ha destacado que el Pacto contra la segregación escolar ha permitido reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios pero que, a pesar de los avances, hay que hacer más esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados y combatir el racismo que alimenta este fenómeno. En este sentido, una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes han incrementado los niveles de segregación escolar y no se han cumplido aún los compromisos de financiación.
La FP representa un sector educativo estratégico a la hora de combatir el abandono educativo prematuro, y el aumento de la provisión de oferta ha permitido recuperar una tendencia negativa en este indicador. En este contexto, se ha manifestado que si bien se han mejorado las garantías de continuidad formativa del alumnado de ESO, aún hay una falta de equilibrio entre oferta y demanda que puede afectar al abandono educativo prematuro.
También se detectan carencias en las coberturas del ocio educativo, puesto que los niños de familias con menor capital educativo participan casi cinco veces menos en las actividades extraescolares no deportivas que los niños de familias con más capital educativo.
En cuanto a la educación inclusiva, la síndica ha querido poner en valor el incremento en la dotación de recursos para garantizarla. A pesar de esto, los datos muestran que el incremento de recursos en los centros ordinarios no ha evitado el aumento del número de alumnado en centros de educación especial. La síndica insiste en que habría que apostar por el cierre progresivo y la transformación de los centros de educación especial, de modo que se acaben transformando en proveedores de servicios y recursos para la escuela ordinaria.
También ha denunciado que en los últimos cinco años el incremento de víctimas de violencia menores de edad ha sido del 9,3%, mientras que en la última década este incremento ha sido del 105,7%, más del doble, y también que se detectan déficits de formación de los profesionales que tienen que aplicar los protocolos de prevención del maltrato, especialmente en el caso de los recién nacidos. En los casos de acoso escolar, la síndica defensa que se continúen potenciando los programas de mediación escolar y otras técnicas como los círculos restaurativos para abordar la conflictividad desde el diálogo y la empatía.
Por último, ha querido insistir que es importante que la opinión de los niños y adolescentes sea tomada en consideración en las decisiones que les afectan, en las políticas públicas y en el ámbito normativo. Y actualmente no queda garantizado, por falta de una regulación expresa que lo haga obligatorio, que las leyes y los reglamentos que afectan a niños y adolescentes incorporen la evaluación previa del impacto que tienen en el interés de estos niños y jóvenes.
