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''La segregación escolar es una vulneración del derecho a la educación y es imprescindible destinar recursos para revertirlo''
La síndica ha comparecido en el Parlamento vasco para explicar el modelo de lucha contra la segregación escolar de Catalunya
El Parlamento vasco trabaja en una nueva ley de educación y uno de sus objetivos es luchar contra este fenómeno
Hoy la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha comparecido ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco para explicar el Pacto contra la segregación escolar impulsado por la institución del Síndic y vigente en Cataluña desde marzo de 2019.
Esta comparecencia se produce en el marco de la elaboración de una nueva ley de educación vasca que recoge 43 medidas: trece de ellas están pensadas para luchar contra la segregación escolar y una recoge la voluntad de firmar un pacto contra la segregación escolar, siguiendo el modelo de Cataluña.
El Pacto contra la segregación escolar fue impulsado durante el mandato del anterior síndic de greuges, Rafael Ribó, que también ha comparecido en la Comisión para explicar el proceso que dio lugar al acuerdo y los principales compromisos adquiridos.
Giménez-Salinas ha empezado haciendo una radiografía del sistema educativo en Cataluña, comparándolo con el vasco, y ha explicado las causas de la segregación escolar. Cataluña tiene 1,4 millones de alumnos matriculados entre infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional, y esta cifra se ha incrementado considerablemente desde el año 2000 (más de 400.000 alumnos). Este incremento se explica fundamentalmente por el factor migratorio: durante el período 2000-2010 el porcentaje de alumnado extranjero pasó del 2,5% al 15%.
La escolarización de este alumnado se hacía en los centros con más plazas vacantes, que eran aquellos menos solicitados por las familias autóctonas, con una total inacción de las administraciones en la gestión del proceso de admisión de alumnado y sin aprovechar ninguno de los instrumentos disponibles para combatir estas prácticas.
Otro elemento causante de la segregación escolar que ha querido destacar la síndica ha sido el racismo estructural que impera en nuestra sociedad por diversas causas (históricas, demográficas, religiosas, socioeconómicas, culturales, entre otras). En este sentido, Giménez-Salinas ha manifestado que hoy en día no existe un buen modelo de acogida para la población inmigrante y que el País Vasco tiene una excelente oportunidad para crear un modelo de integración que logre garantizar la equidad y la cohesión social para fortalecer el ascensor social.
La síndica ha manifestado que la segregación escolar es una vulneración del derecho a la educación y que limita las oportunidades del alumnado para conseguir su máximo desarrollo. También tiene importantes efectos negativos sobre la cohesión social.
Ha explicado asimismo por qué es importante tener un instrumento como el Pacto y ha querido sacar a colación las dificultades encontradas hasta conseguirlo. Así, entre 2008 y 2016 los informes del Síndic evidenciaban que no se producían mejoras significativas en los niveles de segregación escolar. También se constataba que la Administración, durante mucho tiempo, no intervino, porque la lucha contra la segregación escolar a corto plazo implicaba tomar decisiones que rompían las dinámicas de actuación de los principales agentes educativos. De hecho, la síndica ha destacado que se necesitaron más de dos años para consensuar una visión compartida entre todos los actores. Pero hoy es evidente que el esfuerzo ha valido la pena.
En este sentido, uno de los principales logros ha sido la aprobación del Decreto 11/2021, que pone las políticas de gestión del proceso de admisión al servicio de la lucha contra la segregación e incorpora nuevos instrumentos para hacerla efectiva.
El Decreto ha permitido mejorar la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios locales existentes en la escolarización del alumnado, o crear una subvención para los centros públicos y concertados por cada uno de los alumnos con necesidades educativas específicas de la etapa de educación infantil I3 y primero de ESO.
Por último, la síndica ha manifestado ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco la necesidad de implicar al máximo número de administraciones y entidades en la elaboración del pacto, y ha hecho hincapié en la importancia de hacer un seguimiento para constatar en qué objetivos se avanza y en cuáles no.
