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La institución del Síndic de Greuges constata desigualdades en el derecho de acceso a la información
Se consolida el estancamiento en el cumplimiento de la publicidad activa
El 20 % de las solicitudes de acceso no obtienen respuesta
Las unidades de información son una pieza clave y hay que promover su implantación
Los informes individuales que evalúan a las administraciones públicas se han incrementado un 74 % y han sido un buen estímulo para mejorar la atención al derecho de acceso
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez- Salinas, y su adjunto general, Jaume Saura, han presentado esta tarde en la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña el Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente a 2022. Es el séptimo informe desde que la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, encomendara al Síndic de Greuges la función de evaluar el cumplimiento de la norma. Este año la evaluación se ha centrado en las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública.
Desde el punto de vista metodológico, se ha seguido el modelo anterior. Para la evaluación de la publicidad activa, se han analizado todos los portales de transparencia del conjunto de administraciones y entes obligados a publicar información. En cuanto a la evaluación del acceso a la información pública, se han utilizado los datos aportados por las administraciones y los obtenidos mediante el test del solicitante oculto (TSO), una solicitud anónima desde nuestra institución para ver cómo se hace el trámite y si se cumple con la legalidad.
Publicidad activa
En cuanto a la publicidad activa, el informe destaca un estancamiento en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley y constata que los portales de transparencia avanzan a doble velocidad, en función del tamaño, la capacidad y los recursos de las administraciones.
Las administraciones de menores dimensiones experimentan más problemas para cumplir con las obligaciones de transparencia que las que tienen más recursos, que en general publican la información exigida, aunque todavía presentan carencias en actualización y reutilización de contenidos. En este sentido, el reto es conseguir que todas las administraciones publiquen la información de forma completa, ordenada, comprensible y siempre en formato reutilizable y fácilmente editable, para un mejor uso de la información.
Como novedad, se ha querido evaluar específicamente hasta qué punto los portales incorporan la perspectiva de género, y se ha constatado que, por lo general, no se han diseñado con esa mirada.
Acceso a la información pública
En cuanto al acceso a la información pública, las cifras indican que las solicitudes de acceso se han incrementado un 325 % desde 2015, lo cual indica que la ciudadanía es más consciente de este derecho. Sin embargo, alrededor del 20 % de las solicitudes a través del TSO han quedado sin responder, y esta cifra se mantiene prácticamente invariable desde hace años. Si proyectamos el resultado del TSO al conjunto de solicitudes declaradas por las administraciones, estaríamos hablando de que unas 2.000 solicitudes se quedan sin respuesta en Cataluña.
Este silencio administrativo es una flagrante vulneración de derechos a criterio de esta institución y, por ende, el reto es conseguir que siempre que se presente una petición, se obtenga una respuesta expresa.
Informes individuales
El pasado año la institución llevó a cabo una prueba piloto de evaluación individual de 188 administraciones. Esto permitió obtener una serie de resultados y compararlos con los de otras administraciones del mismo nivel, lo cual sirvió de estímulo para introducir mejoras. Estos buenos resultados han hecho repetir la experiencia y ampliar un 73,9 % los sujetos evaluados, que ya han sido 327. El mayor éxito de estos informes ha sido que la Administración Abierta de Cataluña ha corregido el formulario de solicitud electrónica, empleado por muchas administraciones; se ha logrado que al presentar una solicitud de acceso a información pública no sea obligatorio explicar el motivo de dicha solicitud, porque la Ley no lo establece como obligatorio.
Conclusiones
Atendiendo a las carencias detectadas en los ámbitos de publicidad activa y acceso a la información pública, el Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno concluye que cabe invertir recursos y esfuerzos en la creación y el despliegue de las unidades de información. De acuerdo con la información de la que dispone el Síndic, actualmente solo hay 101. Estas unidades, que podrían incluso ser externas y compartidas cuando el ente no tenga capacidad para asumirlas internamente, deberían poder mantener actualizados los portales de transparencia y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Con esta medida se podrían reducir los casos de silencio.
Por último, en cuanto al régimen sancionador, el informe hace hincapié en que hay que actualizarlo para que realmente pueda actuar como garantía de la Ley. Aunque se anunció una reforma, hasta ahora todavía no se ha concretado.
Recomendaciones
a) Publicar toda la información que sea de interés para la ciudadanía: el listado de contenidos de la Ley y del reglamento es lo mínimo.
b) Incorporar la perspectiva de género en los portales de transparencia.
c) Presentar la información publicada de forma ordenada y comprensible. También debe estar actualizada y en formato reutilizable.
d) Resolver todas las solicitudes de acceso a la información pública.
e) Crear y desplegar las unidades de información.
f) Seguir difundiendo el derecho de acceso a la información pública entre la ciudadanía.
g) Velar por que la Generalitat de Cataluña apoye, incluso económicamente, a las administraciones de menores dimensiones para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información pública.
