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”Los abusos sexuales no son principalmente un pecado, sino un delito”
Siempre debe ofrecerse una reparación a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por la Iglesia, aunque hayan prescrito
La síndica denuncia que la Iglesia todavía no ha asumido la responsabilidad institucional que le corresponde ante los abusos sexuales
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, han comparecido hoy en el Parlamento ante la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia.
La protección frente al abuso sexual infantil ha sido un ámbito de actuación constante en la actuación del Síndic de Greuges, que lo ha abordado desde el punto de vista del derecho del niño y, en consecuencia, con una perspectiva amplia, transversal y que incluye todos los espacios de vida de los niños, tanto públicos como privados.
La institución ya puso en marcha en 2019 una comisión de reparación y prevención de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia católica en el ámbito educativo, a raíz de la aparición de casos que afectaron a diversas órdenes religiosas. Esta comisión recibió unas quince quejas relacionadas con abusos cometidos por miembros de diferentes congregaciones, y concluyó que en Cataluña se han producido en varios momentos abusos sexuales contra niños y adolescentes en instituciones religiosas que han afectado a varias personas. El informe resultante (2020) también concluía que, en general, la respuesta de las congregaciones religiosas ha sido, en mayor o menor medida, reactiva a la presentación de las quejas, y que no ha habido una actitud proactiva para conocer ni investigar otros casos que puedan haberse producido en la congregación.
En junio de 2023, la institución también abrió una actuación de oficio por presuntos abusos sexuales en el centro Jesuïtes Casp, después de que antiguos alumnos denunciaran presuntos abusos sexuales de algunos docentes que eran miembros de la congregación.
La síndica ha empezado su intervención explicando que “los abusos sexuales a niños y adolescentes no son un pecado sino un delito”, dado que llevan muchos años prohibidos y tipificados así en el Código Penal. También ha hecho hincapié en la responsabilidad que tiene la Iglesia ante estas situaciones como institución y referente moral para la sociedad. En este sentido, no solo es responsable de los niños que tiene a su cargo, sino también de los abusadores.
Esta responsabilidad institucional, que va mucho más allá de lo que establece la norma penal y del elemento formal de la prescripción, no ha sido asumida por la Iglesia. Así, Esther Giménez-Salinas ha denunciado que a lo largo de la historia no se ha reconocido esta responsabilidad, lo que debería haber derivado en una investigación exhaustiva para conocer el número de casos y en la denuncia de los abusos en la justicia penal ordinaria. Y ha añadido que a menudo tampoco se han aplicado las sanciones canónicas correspondientes, ni se han retirado reconocimientos otorgados por la congregación.
En el caso de los abusos, la síndica también ha cuestionado la figura de la prescripción, porque “la prescripción no hace que el hecho delictivo desaparezca, sino que solo extingue la responsabilidad penal”; además, “el transcurso del tiempo no cura las heridas de las víctimas, no hace que la verdad desaparezca y no convierte a los culpables en inocentes”. En estos casos, Esther Giménez-Salinas defiende que hay que poner a las víctimas en el centro y buscar la manera de que reciban una reparación, a pesar de los años que hayan transcurrido. Así, propone, siempre que las víctimas lo deseen, encuentros entre las víctimas y los presuntos agresores, o, en su defecto, con representantes de la congregación. En estos encuentros, las víctimas deberían poder exponer cómo se han visto afectadas y qué agravios han sufrido como consecuencia de los abusos.
La síndica valora el esfuerzo que ha hecho la Iglesia en los últimos tiempos para reconocer el daño causado, y la voluntad de encontrar vías para ofrecer una reparición a las víctimas. Asimismo, también destaca muy positivamente la creación de comisiones parlamentarias, entidades e instrumentos con el objetivo de dar respuesta a las víctimas, sobre todo porque tienen una función de escucha muy necesaria.
Sin embargo, defiende la centralización de estos instrumentos en un único espacio neutral, independiente e interdisciplinario, para asegurar una respuesta unificada que garantice el principio de igualdad y evite que las víctimas deban dirigirse a varios servicios.
