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La síndica pide un mayor apoyo a las familias en riesgo para reducir la institucionalización de los niños

Hoy se ha entregado al Parlamento de Cataluña el informe La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que tiene por objetivo analizar las principales disfunciones del sistema de protección actual y que quiere poner el acento en el derecho primordial de los niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar.

El informe parte de la asunción de que la institucionalización de los niños tiene varios efectos negativos en su desarrollo y que el ingreso en un centro residencial debe ser una medida que se aplique verdaderamente como último recurso. En este sentido, es muy importante que este sistema protector también apoye a las familias en riesgo para prevenir las situaciones de desamparo. En palabras de la síndica, “el sistema actual debe evolucionar hacia una concepción de la protección que no tienda a ‘separar para proteger’ sino que ponga el énfasis en la prevención de las situaciones de desamparo, es decir en ‘prevenir para proteger’ y en la superación de esta situación cuando ya se ha producido, para promover el retorno del niño con la familia”.

El informe enumera los cinco principales déficits del sistema protector actual:

1)   Déficits de políticas de apoyo a las familias para prevenir el incremento de situaciones de riesgo

Los déficits de inversión (solo el 1 % del PIB catalán y el 2,1 % del presupuesto del Departamento de Derechos Sociales) y la falta de servicios destinados al acompañamiento familiar y a la promoción de la parentalidad positiva y de servicios para atender a adolescentes con conductas disruptivas en su entorno (solo se dispone de servicio de orientación y acompañamiento a las familias –SOAF– en veinticuatro municipios), son una de las causas que han llevado a empeorar los indicadores de situación de riesgo: si en 2016 había 5.399 niños en situación de riesgo grave, en 2023 esta cifra se eleva hasta los 6.660.

2)   Déficits en el trabajo con las familias para prevenir el desamparo

El número de niños y adolescentes con expedientes de desamparo y tutela ha crecido: del 2016 al 2023, sin contar a los adolescentes migrantes solos, ha aumentado un 16 %. En cuanto al perfil, los niños con mayor prevalencia de desamparo son los adolescentes (el 56,5 % de los niños tutelados tienen más de 12 años, mientras que tienen un peso demográfico en el conjunto de la población del 33 %) y los niños de nacionalidad extranjera (el 22,9 % de los niños tutelados son de nacionalidad extranjera, sin contabilizar a los migrantes solos, por encima también del peso demográfico que tienen en el conjunto de la población del 15,7 %).

En cuanto a los efectos del desamparo, el informe destaca que supone una doble victimización, dado que al impacto del maltrato recibido de la familia debe sumársele el impacto derivado de la separación, que genera en muchos niños y adolescentes malestar emocional, dificultad para relacionarse socialmente, etc.

Los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA) tienen una ratio de 1 profesional por cada 38,2 niños con expediente abierto en el sistema de protección (lo que corresponde a cerca de 6,5 días laborables al año destinados íntegramente a cada niño y su entorno sociofamiliar).

Hay que tener presente que el 55,7 % de los niños y jóvenes que se encuentran en situación de desamparo lo están por haber sido víctimas de situaciones de negligencia, que posiblemente podrían prevenirse con más acompañamiento a la familia y tratamiento terapéutico.

3)   Déficits en el trabajo con las familias para el retorno de los niños

Para conseguir el retorno de los niños y adolescentes con su familia es imprescindible trabajar para restaurar el vínculo entre ellos. El informe plantea que a menudo las necesidades organizativas del centro residencial condicionan el régimen de visitas: los horarios no siempre son fáciles de cumplir y la distancia del centro con el domicilio familiar también puede dificultar el contacto con la familia. 

Tampoco existen unas normas de carácter general que garanticen las visitas y relaciones con la familia, o las salidas de los niños en fin de semana o vacaciones. Aunque es necesario tener en cuenta la casuística concreta, la institución defiende que sería necesario un sistema más garantista. La variedad de centros y profesionales dificulta a menudo que las familias puedan tener una relación normalizada. En este sentido, muchas de las quejas que llegan al Síndic de Greuges se refieren a las dificultades de las familias para relacionarse con sus hijos cuando están en un centro residencial.

A menudo, la separación de los niños de sus familias es vivida como un castigo por los progenitores. En paralelo, la forma en la que se ejecuta también dificulta las relaciones posteriores. Una aproximación inicial más restaurativa ayudaría a su relación posterior. En este sentido, la falta de colaboración de la familia es concebida como un riesgo para los profesionales y esto puede acabar suponiendo la reducción del régimen de visitas.   

El informe también pone de manifiesto que, aunque los EAIA tienen una doble función, a menudo la función de control del desempeño de las medidas acordadas tiene mayor peso que la de apoyo y acompañamiento a la familia.

4)   Déficits en el despliegue del acogimiento familiar

La Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia establece que en caso de que deba producirse la separación del niño de su familia, el acogimiento familiar es el recurso alternativo más adecuado.

Sin embargo, los datos indican una preponderancia del acogimiento residencial: el 56,8 % de los niños acogidos en el sistema de protección están en centros residenciales, por encima del acogimiento familiar (42,5 %). Sin contabilizar a los adolescentes migrantes solos, la proporción de niños en acogimiento residencial es del 42,7 %, por lo que todavía es la medida protectora más utilizada, por encima del acogimiento en familia extensa (36,7 %) y ajena (14,4 %). En 2023, el 23 % de los niños menores de 6 años están en centros residenciales, con una tendencia creciente en los últimos años, aunque la normativa establece que esta medida no debería aplicarse a los menores de 3 años, salvo en supuestos de imposibilidad, y recomienda el acogimiento familiar para los menores de 6.

Entre 2017 y 2022 se han creado 2.581 nuevas plazas de recurso residencial (con un incremento del 89,8 %) para atender sobre todo la llegada de adolescentes migrantes solos, y se ha hecho un esfuerzo de creación de centros de dimensiones reducidas. Sin embargo, el resto del sistema residencial se ha mantenido estable, sin reducir significativamente el tamaño de los centros.

En paralelo, se ha producido un estancamiento en el número de familias acogedoras: si en 2012 había 958 niños acogidos en familia ajena, en 2023 hay 925. Además, la acogida profesional no se ha desplegado, solo hay 30 niños acogidos en unidades convivenciales de acción educativa (UCAE). El informe también constata que las quejas recibidas en el Síndic de Greuges son una muestra de las carencias en el apoyo y el acompañamiento que estas familias reciben de la Administración, y que la división de competencias y funciones administrativas entre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y al Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción en relación con la acogida no ayuda a trabajar el retorno del niño.

El informe también aporta datos sobre el coste económico anual de las alternativas existentes cuando se decreta una situación de desamparo y hace una comparativa: el gasto anual por niño en centro de acogida es de 63.987,36 euros; en un centro residencial de acción educativa (CRAE), de 42.820.03 euros; en familia extensa, de 4.6210,6 euros, y en familia ajena, de cerca de 6.000 euros.

5)   Las consecuencias negativas de la institucionalización

A pesar del esfuerzo realizado estos años para que los centros residenciales se conviertan en espacios adecuados para el bienestar de los niños y adolescentes en relación con las condiciones materiales de vida, se constata que más allá de estas mejoras el proceso de institucionalización tiene, de por sí, efectos negativos en su desarrollo.

En este sentido, cabe recordar que la institucionalización implica un régimen de vida no normalizado, condicionado fundamentalmente por criterios de funcionamiento organizativo que se alejan de la realidad de un entorno familiar. En los centros residenciales destaca, por ejemplo, la alta rotación del personal educador como fenómeno habitual, que implica que los equipos que conviven con los niños estén formados a menudo por profesionales jóvenes y con poca experiencia vital y laboral. Otro factor a subrayar es también el tamaño de los centros, ya que más de la mitad de los niños tutelados por el sistema de protección residen en centros grandes, de 20 plazas o más.

En cuanto al efecto del paso del tiempo, parece evidente que cuanto más pequeños sean los niños que están en el sistema y más largas las estancias en centro residencial, mayor será el impacto de la institucionalización sobre su bienestar y desarrollo. Las cifras indican que, sin contabilizar a los adolescentes migrantes solos, los niños ingresados ​​en centros están 2,1 años de media (y permanecen 3,7 años tutelados, lo que representa el 28,5 % del tiempo de su vida).

Así, a pesar de la función protectora que se otorga a los centros residenciales, es necesario que el sistema identifique mejor sus limitaciones y las repercusiones que la institucionalización tiene sobre los niños y adolescentes. Preocupa especialmente el efecto negativo que la institucionalización tiene en los resultados académicos y el abandono escolar prematuro, pero también que haya más casos de malestar emocional y trastornos mentales. Además, ya en la adolescencia, a menudo se identifican conductas de riesgo derivadas de las fugas de los centros, un bajo nivel de respuesta o la falta de intervenciones transformadoras. Hay que subrayar, desde una perspectiva de género, que en las chicas estas conductas pueden llevarlas a ser víctimas de violencias sexuales y machistas.

El informe termina con una recopilación de siete recomendaciones: 

• Mejorar el apoyo a las familias para prevenir el riesgo.
• Crear un subsistema de acompañamiento intensivo a las familias que ya están en situación de riesgo, a partir de la reconversión de los EAIA: por cada niño que deja de estar ingresado en un centro y que se mantenga en la propia familia, se cubriría la dotación de 1,6 técnicos o técnicas superiores graduados en el ámbito social, lo que corresponde a 61,5 horas laborales semanales disponibles para realizar trabajo de acompañamiento.
• Crear un sistema de garantías en el procedimiento de desamparo y en la ejecución.
• Promocionar las familias de acogimiento profesional.
• Evitar que haya ningún niño menor de 3 años en un centro.
• Reforzar un modelo de centro residencial que no supere el máximo de 12 plazas.
• Asignar personal referente para niños y adolescentes a lo largo de su trayectoria en el sistema de protección.

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