Preinscripción escolar

Coincidiendo con el cierre del periodo de preinscripción escolar, el Síndic ha querido recordar en este nuevo apartado las principales recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años en relación con este tema.

¿Qué es la preinscripción escolar?

La preinscripción escolar es un procedimiento administrativo ordenado y transparente para asignar una plaza escolar a los menores que se tienen que escolarizar por primera vez en un centro educativo determinado. Las familias deben presentar una solicitud con la indicación de la lista ordenada de los centros que solicitan y especificando las circunstancias (residencia, hermanos en el centro ...). Sólo se puede presentar una solicitud por alumno.

1. Síntesis de las recomendaciones emitidas por el Síndic

El nuevo decreto de admisión

El pasado 16 de febrero el Gobierno de la Generalitat aprobaba el Decreto de admisión de alumnos, que establece el procedimiento de admisión del alumnado en los centros que conforman el Servicio de Educación de Cataluña en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, así como los criterios y el procedimiento para la programación de la oferta educativa en estos centros y enseñanzas.

Las principales novedades de este decreto son las mejoras relacionadas con la escolarización equilibrada de alumnado, y más específicamente con la detección del alumnado con necesidades educativas específicas, el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro de una misma zona, el establecimiento de zonas educativas heterogéneas como unidades de programación y gestión del proceso de admisión de alumnado, medidas para gestionar la matrícula viva o más garantías para la gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas.

Este nuevo decreto incorpora las principales recomendaciones hechas en el marco de los trabajos del Pacto contra la segregación escolar, impulsado por el Síndic, juntamente con el Departamento de Educación. Además, aporta instrumentos suficientes que, si se aplican de manera adecuada, deben permitir dar un salto cualitativo en la reducción de los niveles de segregación escolar del sistema en los próximos años.

El fraude y las malas prácticas

Cada año el Síndic recibe quejas relacionadas con los fraudes de las familias y malas prácticas de los centros en relación con el proceso de preinscripción. En el marco de estas quejas, no siempre se observa diligencia por parte de las administraciones local y educativa a la hora de desarrollar las actuaciones de comprobación.

En cuanto a las posibles irregularidades relacionadas con la asignación de plazas, el Síndic ha propuesto que los centros (y las administraciones) hagan pública la lista de solicitudes de preinscripción, tanto en primera opción como en posteriores, con la puntuación provisional y definitiva, y que se publiquen las vacantes que se generen en cada centro desde la publicación de la relación de alumnado admitido hasta el inicio del curso escolar y las asignaciones que se haga de estas vacantes hasta el inicio del curso escolar. Parte de estas recomendaciones se han incorporado al nuevo decreto de admisión.

La tramitación electrónica de la preinscripción, que se ha puesto plenamente en marcha este año, puede contribuir a mejorar el control sobre los fraudes en la admisión de alumnado.

El riesgo de la creación de centros o grupos adicionales a demanda de las familias

En los procesos de admisión de alumnado, el Síndic recibe quejas de familias que reclaman acceder a determinados centros públicos y concertados con proyectos educativos singularizados, generalmente con una composición social favorecida y con la elevada demanda, y que presentan resistencia a la hora de aceptar una plaza en otros centros públicos y concertados.

El análisis de las asignaciones de oficio también pone de manifiesto que todavía hay demanda de centros públicos que, por falta de oferta suficiente en este sector en una determinada zona, es asignada a plazas, bien en centros concertados, bien en centros públicos fuera zona.

La Administración educativa es quien tiene la competencia de valorar las necesidades de oferta escolar y de establecer su ubicación, de acuerdo con las funciones de programación de la oferta educativa que tiene asignadas. Sin embargo, el Síndic recuerda que, para determinar la conveniencia de ampliaciones de ratio, de un nuevo grupo o de un nuevo centro, cabe preguntarse, en primer lugar, si efectivamente hay necesidades de escolarización en la zona no cubiertas con la oferta existente y, en segundo lugar, si la modificación de la oferta puede garantizar mejor el derecho del alumnado a la educación en condiciones de calidad y equidad.

Con carácter general, el Síndic no considera que se deba crear nueva oferta cuando hay plazas vacantes suficientes en la zona, a menos que sirva para promover la escolarización equilibrada de alumnado, ni tampoco hacer ampliaciones de ratio simplemente para satisfacer la demanda preferencial de las familias. El seguimiento de criterios de demanda por parte de la Administración educativa suele promover la segregación escolar, porque favorece a los centros con una demanda social más consolidada y perjudica a los que tienen una demanda más débil, generalmente también con una composición social más desfavorecida.

En este sentido, el Síndic recuerda que las ampliaciones de ratio o de grupos en centros ya existentes puede afectar negativamente a la calidad de la enseñanza, porque pueden contribuir a masificar las aulas o los centros y pueden alterar el funcionamiento ordinario de los centros afectados, e insiste en que, como se trata de medidas excepcionales, nunca deben servir para responder con carácter estructural a déficits estructurales en la programación de la oferta.

La segregación escolar

Durante los últimos años, el Síndic se ha ocupado de concienciar a la sociedad, los agentes educativos y las administraciones públicas de que la segregación escolar supone una vulneración del derecho a la educación, y también de situar a la segregación escolar en el centro del debate político, con el objetivo de promover el desarrollo de políticas educativas que contribuyan de manera más decidida a revertir la problemática.

Este fenómeno limita las oportunidades del alumnado de alcanzar su máximo desarrollo posible, bien porque incide directamente en sus resultados académicos y condiciona sus trayectorias formativas, bien porque dificulta sus posibilidades de socialización en entornos escolares con capitales sociales y culturales equiparables a la realidad social en que vive.

En este marco, en marzo de 2019 se firmó el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, al que se han adherido la mayoría de los agentes de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional, entre los que hay más de veinticinco entidades del ámbito educativo y la inmensa mayoría de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

El Pacto incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos que el Departamento de Educación se compromete a implementar.

El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar

Los ayuntamientos tienen un papel clave en la lucha contra la segregación escolar, de acuerdo con sus competencias en materia de educación, especialmente en cinco niveles básicos de intervención: la detección del alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, la lucha contra los desequilibrios en la planificación y gestión del proceso de admisión de alumnado, la creación de equivalencias entre los proyectos educativos de centro, la vinculación de los centros con el entorno y con el resto de centros, y la construcción de discursos en el ámbito educativo y la implicación y apoderamiento de los actores en la gobernanza local del fenómeno.

A pesar de que la gran mayoría de los ayuntamientos elaboran diferentes instrumentos de publicidad activa para informar a las familias sobre la oferta educativa y el proceso de admisión del alumnado, el Síndic considera que estos instrumentos se convierten en "neutros" o poco efectivos desde la perspectiva de la lucha contra la segregación escolar. Por ello, el Síndic pide impulsar sistemas y campañas de información que corrijan las desigualdades y hagan llegar, de forma efectiva, la información a todas las familias.

Barreras de acceso a la educación

Uno de los principales factores segregadores son los costes de escolarización que debe asumir el alumnado, especialmente en los centros privados concertados, pero también en los centros públicos. Según el Síndic, hay numerosas prácticas promovidas por centros que suponen una vulneración del derecho a la gratuidad de la enseñanza, tales como la no consideración real de las actividades complementarias y servicios escolares como voluntarios, la exclusión de actividades que se desarrollan en horario lectivo por no poder pagarlas o el pago de cuotas por parte del alumnado con necesidades educativas específicas asignado de oficio.

Hay grandes desigualdades en las cuotas que deben pagar las familias en función de los centros, también dentro de los dos sectores de titularidad. La diferenciación en los costes de escolarización que asumen las familias en cada centro es, a su vez, un factor determinante para entender la diferenciación de los proyectos educativos, que se ven condicionados por la capacidad de las familias de financiar proyectos y actividades (a través de las cuotas) y de generar oportunidades educativas al alcance del alumnado.

En este sentido, el Síndic pide que durante el periodo de preinscripción escolar se publiquen las cuotas de los centros y su régimen legal y que se promueva la voluntariedad real y efectiva de la participación de los alumnos en las actividades complementarias que incluyan medidas como las ayudas para fomentar el acceso a las actividades complementarias.

El nuevo decreto de admisión de alumnado prevé el desarrollo de una convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades educativas específicas en centros públicos y concertados.

Preinscripción escolar en el contexto de pandemia

El año pasado, el Departamento de Educación convocó el inicio del proceso de preinscripción escolar correspondiente al curso 2020/2021, en parte de forma telemática, después de que hubiera quedado aplazado debido a la irrupción de la pandemia de la COVID- 19.

El Síndic decidió abrir una actuación de oficio para conocer cómo se desarrollaba este proceso de preinscripción en plena situación de confinamiento. Quería comprobar que este proceso se desarrollaba de manera adecuada, con pleno respeto a los derechos del alumnado y las familias (derecho de información, acceso en condiciones de igualdad, etc.), sin que la situación de confinamiento alterara el normal desarrollo.

El Síndic quería conocer si el comportamiento de la demanda fue similar al de otros años, y también si todas las familias habían podido presentar adecuadamente la solicitud, también las familias socialmente menos favorecidas, que suelen tener más limitaciones de acceso y menos dominio en el uso de las nuevas tecnologías, y también menos conocimiento del inicio del periodo de preinscripción.

El Síndic recuerda que la tramitación telemática permite ganar en transparencia e igualdad en el acceso a la oferta escolar, que es una de las quejas principales que recibe la institución sobre el proceso de admisión al sistema educativo de las familias, y pide que se prevea la opción de que los mismos centros públicos y concertados puedan acceder a la oficina para incorporar las solicitudes que puedan recibir presencialmente y a su vez puedan tener acceso a la información sobre las solicitudes de preinscripción presentadas e introducidas en la oficina electrónica.

También recordó al Departamento de Educación y a los centros educativos que se debe evitar publicar en los portales web de los centros la información sobre su composición social, particularmente los datos sobre el alumnado con necesidades educativas específicas ya matriculado en los diferentes niveles que imparte el centro. El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé hacer compatible la transparencia en el proceso con la difusión de información que no contribuya a reproducir la segregación escolar.